Año: 4, Mayo 1962 No. 39

Desarrollo Económico e Inversiones de Capital

Por Karl Brandt

Extractado de «Países Occidentales y Países Subdesarrollados». ORIENTACION ECONOMICA. Caracas.

Es ampliamente creído y sostenido que el desarrollo económico de los países subdesarrollados debe ser rápidamente acelerado para evitar que se transformen en satélites comunistas y que esto requiere principalmente grandes cantidades de inversiones de capital. Se supone además que tal capital no puede ser formado en los países subdesarrollados mediante el ahorro, excepto con la acción del gobierno mediante los impuestos, y que la mayor parte sólo puede venir del exterior. A esto se añade la suposición de que el capital extranjero no puede venir de fuentes privadas en calidad de inversión, y que por lo tanto tiene que venir como préstamos intergubernamentales, si no como simples donativos, y que debe suministrarse rápidamente y en grandes cantidades porque, en el caso contrario, vendrá del bloque soviético.

En lo que se refiere a la necesidad de acelerar la transformación y el crecimiento de esos países para evitar su captura por los comunistas es extremadamente dudoso que, como tal, esta afirmación tenga validez. En muchas zonas del mundo donde la amenaza comunista es aguda, es precisamente el proceso de rápida transformación económica, acompañado por ratas exorbitantes de crecimiento de las ciudades y por el típico proceso de migración de la población rural hacia las urbes lo que incita el desorden y la agitación social y política. De manera invariable, la disolución de un orden existente y la turbulencia causada por el cambio ofrece la oportunidad para la infiltración comunista y para las tácticas de guerrillas. Esta observación no contradice la conveniencia de un mayor desarrollo económico, pero invalida el argumento político de que el crecimiento acelerado, como tal, es un remedio contra las conspiraciones comunistas.

Mucha más seria es la aseveración de que el capital no puede ser formado por la población indígena porque el pueblo es demasiado pobre. Esta aseveración implica que todos los miembros de las sociedades pre-industriales son igualmente pobres y que todos tienen igual capacidad de trabajo. Todas estas son suposiciones cuya falsedad se puede demostrar. Si fuera cierto que el ahorro no es posible, no habría posibilidad para el pueblo de poseer nunca propiedad y la economía inevitablemente se transformaría en un capitalismo de estado. De ordinario, aquellos que proclaman la imposibilidad del ahorro privado por el trabajador común se contradicen a sí mismos al argumentar que es necesario formar grandes masas de capital a través del ahorro forzoso obtenido mediante impuestos o a través de la retención de una parte importante del ingreso de la población rural mediante organismos de comercialización de sus productos. Por lo tanto, no es en realidad la posibilidad de los ahorros lo que se pone en duda, sino la conveniencia de la descentralización de esos ahorros y el uso que harán los individuos del correspondiente capital. Con ello se abre el camino que conduce a la inhumana economía coercitiva, la cual, en obsequio de visibles proyectos de industrialización forzada con empresas controladas y manejadas por el Estado, reduce la función de los pueblos a la de componentes pasivos de una máquina. No es el pueblo, sino la máquina y su producción lo que entonces importa.

Los testimonios históricos muestran que en todos los países de poderoso desarrollo económico, la parte más importante del capital fue siempre formada por los propios individuos. Pero, a los fines de que ese proceso funcione debe existir un ambiente de orden y de legalidad y un cierto grado de estabilidad. Quie­re ello decir que, si el desarrollo económico de las áreas retrasadas ha de ser impulsado y prosperar, requiere antes que nada el adecuado funcionamiento de las instituciones gubernamentales y, en particular, el establecimiento de seguridad y estabilidad política, seguridad para la vida y para la propiedad, garantías jurídicas, una administración pública honesta, oportunidades generales para educación y enseñanza, una moneda estable, y una política monetaria y fiscal que otorgue incentivos al ahorro y a la inversión. Una de las más importantes necesidades básicas es la estabilidad monetaria. La depreciación de la moneda es el factor que socava la moral política y económica de un país, como lo ilustran representativos países latinoamericanos. El costo de la vida era en Argentina en 1960 seis veces mayor que en 1953, en Bolivia treinta y tres veces, en Chile doce veces, en Brasil cuatro veces. El capital nacional se refugia en el exterior o se invierte de acuerdo con principios de seguridad más que de productividad. Un economista mexicano ha estimado que las cuentas bancarias latinoamericanas fugitivas pueden ascender actualmente a seis mil millones de dólares. Evidentemente, ello no es sólo el resultado de la inflación, sino una respuesta al peligro de la confiscación.

Con referencia a la necesidad de capital extranjero, se han de aplicar los mismos requisitos que para la formación e inversión del capital nacional, si ese capital no ha de ser simplemente usado para incrementar temporalmente el consumo. El capital extranjero se necesita en primer término porque, en cuanto acude como inversión, irrumpe en las formas tecnológicas existentes en el país e impulsa las innovaciones. Los servicios más valiosos de la inversión privada extranjera son la investigación de las oportunidades razonables de inversión que tiene el país en las circunstancias dadas la importación de personal calificado y el descubrimiento de nuevas vías para un comercio exterior remunerador. Naturalmente, todos esos servicios se obtienen solamente cuando los propios propietarios de ese capital corren con los riesgos de las pérdidas. Esos beneficios no se logran cuando el capital es simplemente transferido de un banco extranjero a un banco de un país subdesarrollado con un seguro de riesgo gubernamental, y no se logran en forma particular cuando es transferido por un Gobierno extranjero al Gobierno nacional. Créditos y donativos de Gobierno a Gobierno tienen muchos defectos potenciales. Si son corrompidos los funcionarios del Gobierno receptor, es inevitable mucha dilapidación. Si el Gobierno usa principalmente los fondos para construir enormes y moribundas plantas industriales, los resultados serán aún más desafortunados cuando las plantas sean eventualmente cerradas y creen desempleo. Igualmente inconveniente es la desviación de ese capital de industrias primarias saludables con una decidida ventaja comparativa en la competencia internacional. Si el Gobierno usa principalmente el crédito exterior para impulsar empresas estatales y debilitar la empresa privada, el proceso daña seriamente la causa de Occidente y construye puentes de oro para la sovietización de la economía.

El capital falta en todas partes, particularmente en los países desarrollados, si se compara con las necesidades del desarrollo económico. Es un recurso escaso, tan escaso que sólo puede satisfacer una parte de esas necesidades. Constituye, en consecuencia, una grave responsabilidad para los países desarrollados cuidar de que no se dilapide el capital que se ponga a disposición de los países subdesarrollados y sirva, por el contrario, de la mejor manera posible, los intereses del pueblo del país receptor y los intereses de los propietarios del capital.

La necesidad más crucial de las próximas décadas es la de crear, en las relaciones entre países avanzados y retrasados, las condiciones que favorezcan el flujo de capital de personal calificado y de conocimientos hacia estos últimos. Esto requiere, en beneficio de los países subdesarrollados, la seguridad de las inversiones extranjeras.

La confiscación de más de mil millones de dólares de inversión privada americana en Cuba equivale al peor sabotaje posible de la inversión extranjera en muchos países latinoamericanos y en las demás partes del mundo. La protección vacilante y por el momento prácticamente ineficaz de los derechos de los propietarios de capitales extranjeros por sus Gobiernos equivale a desalentar nuevas inversiones en territorios donde es agudamente requerido. Por otra parte, esa actitud débil expone a la amenaza de más expropiaciones a la mitad de los veinte mil millones de dólares de plantas industriales americanas en el extranjero situados en países subdesarrollados.

Si los grandes países occidentales quieren ayudar efectivamente a los países subdesarrollados, deben antes que nada ayudar a sus Gobiernos a establecer condiciones económicas apropiadas para el desarrollo. Si esto se hiciera, una gran corriente de capital se invertiría provechosamente en estos países. Seria necesario establecer oportunidades para la más amplia y activa participación del público en los capitales invertidos a los fines de lograr un sentimiento de respeto hacía el capitalismo y la empresa privada. Sí esto se hiciera, las empresas extranjeras podrían también dispersar la propiedad por medio de acciones poseídas por nacionales del país, eliminando así en esos países el temor de depender del capital extranjero y satisfaciendo el sentimiento de orgullo nacional.

Hay, además, muchas otras condiciones que crearían el medio ambiente conducente a un desarrollo económico sano. Puesto que la migración de mano de obra calificada ha probado ser un factor poderoso del desarrollo y de la transformación técnica los países subdesarrollados deberían abrir sus fronteras a una inmigración más fácil, libre de prejuicios raciales o nacionalistas. En vez de derivar hacia más y más controles económicos, deberían hacer uso de su propia experiencia con las instituciones del mercado libre, tales como las ferias, las cuales, como ha señalado Clarence Randall, se conocen en muchos países subdesarrollados desde la antigüedad.

La política agrícola de los países occidentales

Antes de concluir estas observaciones inevitablemente apriorísticas sobre un tema tan vasto en un tiempo tan breve, quiero referirme a la necesidad de revisar las bases de la política de los principales países occidentales en relación con su propia agricultura y con. la agricultura de los países subdesarrollados. Este cambio es urgentemente necesitado en ambos lados del Atlántico, pero especialmente en los Estados Unidos.

Con el intento de aliviar las penalidades que implica la necesaria transferencia de mano de obra de la agricultura a las demás actividades, los Gobiernos democráticos de los países industriales más avanzados han optado por la fijación oficial de precios para los productos agrícolas como manera de mantener el ingreso de los agricultores. Esta política de subsidios al ingreso en sistemas agrícolas intensamente dinámicos, organizados en millones de unidades de empresas libres, ha conducido por décadas al lógico y explicable resultado de generar un volumen de producción que excede al óptimo del consumo interno y a la demanda efectiva de un comercio mundial próspero y creciente. En efecto, el volumen de producción excede incluso lo que puede ser regalado y los graneros públicos de los Estados Unidos desbordan de abundancia. Mas esta política no es privativa de los Estados Unidos. Los países del Mercado Común Europeo están claramente en el camino de política similares, que han de llevar, dentro de muy pocos años, a resultados similares, y particularmente a la desaparición del déficit de productos agrícolas que actualmente importan y a la rápida aparición de excedentes que serán lanzados con subsidios en los mercados externos, de manera que los países industrialmente más avanzados se convertirán también en los principales exportadores de productos agrícolas, como es ya el caso de los Estados Unidos.

Esta realidad produce un impacto muy serio en las relaciones con los países subdesarrollados, muchos de los cuales serían los exportadores naturales de productos primarios. Los dirigentes, de mentalidad caritativa, de la opinión pública de los países industriales tienen la plausible respuesta de que el gran número de estómagos hambrientos de los países subdesarrollados reclaman donativos máximos en ayuda de esos países en forma de excedentes alimenticios. Y esto es lo que efectivamente se hace en los Estados Unidos al otorgar en préstamos a largo plazo mercancías procedentes de excedentes alimenticios, por valor de miles de millones de dólares.

La tendencia actual se inclina incluso a la fuerte expansión de esta clase de ayuda al desarrollo, en la forma de préstamos en moneda blanda y de grandes cantidades en simples donativos. Estos donativos y préstamos condicionados no resuelven a largo plazo ningún problema de los países subdesarrollados.

Este expediente pasajero para deshacerse de lo que implica una inadecuada distribución de los recursos internos es tan poco saludable como medida de política económica que como ayuda financiera a los países subdesarrollados. Si los países predominantemente agrarios necesitan alimentos adicionales que no pueden conseguir en las transacciones ordinarias de su comercio exterior, su producción agrícola debe responder a los incentivos de los precios y expandirse. Si necesitan medios adicionales de producción agrícola, harían mucho mejor en importar semillas seleccionadas, fertilizantes, pesticidas, implementos agrícolas, si es preciso a crédito, en lugar de hacerse dependientes de donativos de excedentes alimenticios extranjeros, que son producidos y exportados con subsidios. Si despojamos de toda la jerga eufónica y de la palabrería comercial humanitaria que rodea un supuesto acto de virtud surgido del problema originado por la fijación oficial de los precios agrícolas, esta transferencia de excedentes no es otra cosa que un dumping de exportación. En el caso de que las grandes naciones no quieran debilitar sus relaciones comerciales normales con los países subdesarrollados, harían mucho mejor en subsidiar la exportación de esos alimentos hacia los países soviéticos, porque ello haría a éstos más dependientes de los suministros de alimentos occidentales y debilitaría sus intentos de fortalecer las débiles bases agrícolas de su economía.

Se deduce obviamente de lo que he expuesto que no suscribo la idea popular de que todos los países subdesarrollados deben limitar la expansión de su producción material y de su comercio de exportación de productos primarios y deben tener de una vez sus propias plantas de acero y sus industrias manufactureras. Parece, ciertamente, un error grave de muchos países retrasados no dar prioridad al desarrollo de sus industrias primarias para obtener un máximo de divisas extranjeras en sectores en los cuales tienen una evidente ventaja comparativa y que les proporcionarían el capital necesario para el desarrollo de las industrias ligeras. Toda la discusión de este problema entre economistas profesionales está deformada por una multitud de hipótesis erróneas, apoyadas en una inadecuada interpretación de los datos estadísticos.

Si los grandes países de Occidente no siguen otro camino mejor en el combate de las próximas décadas con el bloque Chino-Soviético que cerrar más y más sus mercados a les importaciones de la agricultura y de la industria ligera de los países subdesarrollados y al mismo tiempo volcar sus excedentes agrícolas como regalos o préstamos perdidos a los países agrarios, disminuyen sus probabilidades de vencer.

Las reformas agrarias

Sin embargo, hay aún algo más serio en peligro en la esfera de los problemas agrícolas. En una serie de países subdesarrollados, entre ellos los de América Latina, una aceleración del desarrollo económico reclama transformaciones en la utilización agrícola de los recursos de la tierra. Este objetivo lleva la rúbrica de «reforma agraria» y como tal pertenece al vocabulario común de todos los que creen en una economía dinámica y en una movilidad social, desde los conservadores hasta los liberales y progresistas radicales y desde los reformadores hasta los revolucionarios. En las discusiones públicas de los grandes países occidentales especialmente en los Estados Unidos y en todas las instituciones Internacionales, se conviene en que, a fin de impedir que la conspiración comunista obtenga el control policial sobre países todavía predominantemente agrarios, la reforma agraria debe dar a los trabajadores del campo mejores ingresos y mayores derechos, en tanto que el poder político y económico de los propietarios de la tierra debe ser reducido, si no abolido. En consecuencia, en países donde se tiene, al lado de grandes masas de campesinos en tierras propias o arrendadas, grandes fincas agrarias, plantaciones, estancias o latifundios, la mayor parte de los programas de desarrollo concebidos en los grandes países occidentales contemplan la realización de una redistribución de la tierra por procedimientos democráticos.

Aún cuando no dispongo de tiempo para discutir los múltiples detalles importantes de esta cuestión, quiero simplemente formular la advertencia de que si el Occidente no sabe hacer nada mejor que destruir las grandes empresas agrícolas existentes y distribuir exclusivamente uno de sus recursos productivos, la tierra, entre una multitud de campesinos, aparceros y agricultores de subsistencia, ello no supone otra cosa que preparar el terreno económico, social y político en el cual se desencadene la violencia y florezca la subsiguiente tiranía. Si bien hay en varios países, famillas propietarias de grandes extensiones de tierra que no trabajan sus empresas agrícolas con eficiencia o del modo más ventajoso para los hombres que emplean, es también cierto que hay en todos esos países empresarios de grandes fincas agrarias que utilizan sus recursos en forma inmensamente superior a la gran mayoría de los pequeños agricultores familiares. Frecuentemente las únicas empresas agrícolas modernas y al día son precisamente las estancias o plantaciones. El talento empresarial, el capital y la última palabra en tecnología se combinan en ellas y generalmente los trabajadores que emplean reciben salarios superiores al ingreso obtenido por el agricultor familiar medio que es propietario de sus tierras en las zonas adyacentes. Esto se puede observar en India, en Filipinas y en muchos países latinoamericanos, para nombrar sólo algunos casos.

Destruir estas empresas, en nombre de la redistribución del ingreso, implica, por un período considerable, una pérdida neta para el conjunto de la economía. Por lo demás, esta es exactamente la receta de Lenin, que José Stalin, en su obra «Lecciones de Leninismo», ha impuesto tan cabalmente a sus camaradas desviacionistas. Es la necesaria etapa inicial de la revolución comunista que termina con la comprobación de que no funciona el sistema de cultivo individual de la tierra por agricultores familiares, como sucesores de los grandes fondos, y de que, por lo tanto, la colectivización constituye la única solución.

Tengo la convicción de que Occidente necesita urgentemente un nuevo enfoque del problema de la reforma agraria en el cual las grandes empresas, eficientemente administradas, no sólo no se destruyan sino que se vinculen con las pequeñas explotaciones en nuevos arreglos institucionales que redunden en beneficio mutuo y que mejoren la productividad de estas últimas. Lo que se necesita es menos fervor político revolucionario y una visión más serena y racional de los problemas económicos. Lo que se requiere, en efecto, es la innovación creadora de soluciones alternativas en las cuales la reforma tributaria, los ajustes en las formas de tenencia de la tierra, el mejoramiento de los sistemas de arriendo y el mejoramiento del régimen del crédito agrícola tienen que operar conjuntamente.

Pero, además de ese peligroso coqueteo con la revolución agraria que pretende «derrocar las oligarquías agrarias» como un requisito para el desarrollo económico, hay otras ideas comunes en las capitales de los principales países occidentales que también preparan el terreno para el establecimiento de la economía coercitiva en los países subdesarrollados. Me refiero a las ideas sobre la «estabilización» de los precios de los productos primarios mediante convenios internacionales sobre mercancías. En cuanto controles estáticos instalados en industrias primarias intensamente dinámicas, esos carteles compulsivos desempeñan un papel «desestabilizador» más que estabilizador y desvían una economía de mercado hacia una economía dirigida.

Creo que los grandes países occidentales no tienen razón para temer que tenga éxito el asalto soviético a la libertad de los países subdesarrollados con tal de que afronten el problema con seriedad, se dediquen a las tareas de educación ideológica y de impulso del comercio y de la inversión extranjera y abandonen la idea de que se puede comprar la amistad o la buena voluntad de los pueblos de esos países con préstamos y dádivas gubernamentales complacientes. Lo que los grandes países occidentales desean es el máximo mejoramiento del bienestar y de la libertad de los hombres. Es evidente que ello requiere un óptimo de comercio y de transferencias de capital en las relaciones con esos países. Lo que se discute son los métodos para lograr mejor un resultado que no ha de ser fruto de la caridad, sino producta de una continuada e inteligente afirmación del interés de las partes.