Año: 13, Febrero 1971 No. 239

La Responsabilidad Social de la Empresa Privada

Por Milton Friedman

Cuando oigo a empresarios hablar elocuentemente acerca de «las responsabilidades sociales de la empresa privada en un sistema de libre empresa», me acuerdo de la maravillosa puntada acerca del francés que a la edad de 70 años descubrió que toda su vida había hablado en prosa. Los empresarios creen que están defendiendo la libre empresa cuando proclaman que la industria no se preocupa «simplemente» de la ganancia, sino también de la promoción de fines «sociales» deseables; que la empresa privada tiene una «conciencia social» y toman muy en serio su responsabilidad de proveer empleo, de eliminar la discriminación, de evitar el envenenamiento del aire, y cualesquiera sean las palabras mágicas de la camada contemporánea de reformadores. De hecho están o estarían, si ellos mismos o alguien más los tomara en serio predicando puro socialismo. Los empresarios que así hablan son títeres inconscientes de las fuerzas intelectuales que han estado socavan­do las bases de la sociedad libre durante las últimas décadas.

Las discusiones acerca de las responsabilidades sociales de la empresa privada se distinguen por su flojedad analítica y su falta de rigor. ¿Qué significa afirmar que «la empresa privada» tiene responsabilidades? Sólo las personas pueden tener responsabilidades. Una corporación es una persona artificial y en este sentido se puede decir que tiene responsabilidades artificiales; pero no puede decirse que la «empresa privada» en su totalidad tenga responsabilidades, ni en este vago sentido. El primer paso hacia la claridad al examinar la doctrina de la responsabilidad social de la empresa privada consiste en preguntar exactamente qué implica y para quién.

Se supone que los individuos que son responsables son empresarios, lo cual significa propietarios individuales o ejecutivos de empresas. La mayor parte de la discusión acerca de la responsabilidad social se dirige a empresas, de modo que en lo que sigue no pondré mucha atención al propietario individual, sino me referiré a ejecutivos de empresas como tales.

EL EJECUTIVO COMO EMPLEADO

En un sistema de libre empresa y de propiedad privada, un ejecutivo de empresa es un empleado de los dueños del negocio. El tiene una responsabilidad directa respecto de ellos. Esa responsabilidad consiste en manejar el negocio de acuerdo con sus deseos, los cuales generalmente serán de hacer tanto dinero como sea posible a la vez que se acatan los principios básicos de la sociedad, tanto los que están encarnados en la ley cuanto los que están encarnados en las costumbres morales. Desde luego, en algunos casos los dueños pueden tener un objetivo diferente. Un grupo de personas puede establecer una empresa con un propósito caritativo, un hospital, como ejemplo, o una escuela. En este caso, el gerente de la empresa no tendrá la ganancia monetaria como un objetivo, sino el prestar ciertos servicios.

En cualquiera de los dos casos, la idea principal es que, en su capacidad de ejecutivo de empresa, el gerente es el agente de individuos que son dueños de la empresa o institución caritativa, y su responsabilidad primera es hacia ellos.

Sobra decir que esto no significa que sea fácil juzgar cuán competentemente está desempeñando su función. Pero, al menos, el criterio para juzgar el éxito es claro y las personas entre quienes exista un arreglo contractual voluntario están claramente definidas.

El ejecutivo de empresa también es, desde luego, una persona. Como tal puede tener muchas otras responsabilidades que él acepta o asume voluntariamente a su familia, su conciencia, su iglesia, sus clubes, sus ciudades, su país, etc.-. Él puede sentirse impelido por estas responsabilidades a dedicar parte de sus ingresos a causas que él considera valiosas, o rehusar trabajar para ciertas empresas, o aun renunciar a su trabajo para ingresar a las fuerzas armadas de su país, por ejemplo. Si quisiéramos podríamos referirnos a algunas de estas responsabilidades como «responsabilidades sociales». Pero en estos respectos, él está actuando por su cuenta y no como un agente; está gastando su propio dinero o tiempo o energía, pero no está gastando ni el dinero ni el tiempo de los dueños ni la energía que él se ha comprometido a dedicar a los propósitos de los dueños. Si estas son «responsabilidades sociales», son las responsabilidades sociales de individuos y no de las empresas privadas.

¿Qué significa decir que el ejecutivo de empresa tiene una «responsabilidad social» en su capacidad de empresario? Si esta afirmación no es pura retórica, debe significar que él debe actuar en alguna forma que no contribuya al interés de los dueños, por ejemplo: que él no debe aumentar el precio del producto aun cuando esto favoreciere los intereses de la empresa, con objeto de contribuir al objetivo social de evitar inflación. O que él debe hacer gastos en la reducción del envenenamiento del aire mayores que la cantidad que la empresa debe gastar o que es requerido por la ley para poder contribuir al objetivo social de mejorar el ambiente. O que él debe emplear personas incompetentes que no tienen empleo, en vez de emplear personas mejor calificadas, sacrificando las ganancias de la empresa para contribuir al objetivo social de reducir la pobreza.

En cada uno de estos casos, el ejecutivo de la empresa estaría gastando el dinero de otras personas para un interés social general. En la medida que sus acciones, de acuerdo con su «responsabilidad social», reducen las ganancias de los accionistas, él está gastando el dinero de ellos. En la medida que sus acciones elevan el precio a los compradores, se está gastando el dinero de los consumidores. En la medida que sus acciones rebajan los salarios de algunos empleados, se está gastando dinero de esos empleados.

GASTANDO EL DINERO PROPIO

En cada uno de los casos, los accionistas o los consumidores o los empleados podrían gastar su propio dinero en aquella causa específica si ellos desearan hacerlo. El ejecutivo estará ejercitando una «responsabilidad social» clara y específica en vez de servir como agente de los accionistas o los consumidores o los empleados, sólo si él gasta el dinero en forma diferente de la que cada uno de ellos, individualmente, lo hubiera gastado.

Pero si hace esto, de hecho está creando impuestos, por una parte, y decidiendo cómo han de gastarse los ingresos por concepto de impuestos, por la otra.

Este procedimiento suscita cuestiones políticas en dos niveles: de principio y de consecuencias. Al nivel de principio político, la creación de impuestos y el gasto de ingresos provenientes de ellos son funciones gubernamentales. Hemos establecido detallados procedimientos constitucionales, parlamentarios y judiciales para controlar estas funciones y asegurar así que los impuestos son creados, en la medida de lo posible, de acuerdo con las preferencias y deseos del público en fin de cuentas «que no haya creación de impuestos sin representación» fue uno de los gritos de batalla de la Re­volución estadounidense-. Tenemos un sistema de tres poderes limitados para separar la función legislativa de crear impuestos y decidir gastos, de la función ejecutiva de recaudar impuestos y administrar programas de gastos, y de la función judicial de mediar en las disputas e interpretar la ley.

En la situación que hemos descrito, el empresario autonombrado o nombrado directa o indirectamente por los accionistas resulta ser simultáneamente legislador, ejecutivo y juez. Él deberá decidir a quién le va a crear impuestos, y cuánto y para qué propósito, y él gastará los ingresos, todo esto guiado solamente por exhortaciones generales etéreas de frenar la inflación, mejorar el ambiente, luchar contra la pobreza, etc.

SELECCIÓN DE EJECUTIVOS

La única justificación para permitir que los ejecutivos de las empresas sean seleccionados por los accionistas es que el ejecutivo es un representante que sirve a los intereses de ellos. Esta justificación desaparece cuando el ejecutivo de empresa crea impuestos y gasta los ingresos para propósitos «sociales». Se transforma, de hecho, en un empleado público, un servidor del Estado, aunque nominalmente siga siendo un empleado de la empresa privada. Con base en principios políticos, es intolerable que tales servidores públicos -en la medida que sus acciones en nombre de la responsabilidad social son reales y no fraudulentas sean seleccionados como ahora se hace. Si van a ser servidores públicos, entonces deben ser seleccionados por un procedimiento político. Si van a crear impuestos y hacer gastos para fomentar objetivos «sociales», entonces una maquinaria política debe ser establecida para guiar la creación de impuestos y determinar por medio de un procedimiento político los objetivos que han de ser servidos.

Esta es la razón básica de por qué la doctrina de la «responsabilidad social» involucra la aceptación de la idea socialista de que los mecanismos políticos y no los mecanismos del mercado constituyen el medio más adecuado para determinar la asignación de recursos escasos a usos alternativos.

Al nivel de consecuencias, ¿puede el ejecutivo de una empresa en realidad cumplir con sus supuestas «responsabilidades sociales»? Por una parte, suponemos que se sale con la suya en gastar el dinero de los accionistas, de los consumidores o de los empleados. ¿Cómo puede saber él en qué forma gastarlo? Se le dice que debe contribuir a la lucha contra la inflación. ¿Cómo puede saber él cuáles de sus actos contribuirán a esa finalidad? Se supone que él es un experto en el manejo de su compañía en la producción o en la venta o en el financiamiento de algo-. Pero ninguna de las cualidades para ser nombrado como ejecutivo lo califican como experto en inflación.

¿Reducirá la presión inflacionaria el no permitir que suba el precio del producto? ¿O sucederá que, al dejar mayor poder adquisitivo en manos de sus clientes, dirigirá esa presión a otro sitio? ¿O que, al forzarlo a producir menos por causa del bajo precio, dicha presión simplemente contribuirá a la escasez? Aun cuando pudiera contestar estas preguntas, ¿cuánta pérdida tiene él derecho de imponer a los accionistas, los consumidores o los empleados por causa de ese propósito social? ¿Cuál es su justa participación en esa pérdida y cuál la de los demás?

Y, quiéralo o no, ¿puede salirse con la suya en gastarse el dinero de los accionistas, de los consumidores o de los empleados? ¿No lo despedirán los accionistas, ya sean los presentes o los que vengan cuando sus actos en nombre de la responsabilidad social hayan mermado las utilidades de la empresa y hayan bajado el precio de las acciones? Los consumidores y sus empleados también lo podrían abandonar e irse con otros productores o dueños menos escrupulosos en el ejercicio de sus responsabilidades sociales.

JUSTIFICANDO «MESURA EN EL AUMENTO DE SALARIOS»

Este aspecto de la doctrina de la «responsabilidad social» aparece de bulto cuando la doctrina es usada por los sindicatos para justificar la mesura en el aumento de salarios. El conflicto de intereses salta a la vista cuando se pide a los dirigentes sindicales que sacrifiquen los intereses de sus miembros en aras de algún propósito social más general. Si los dirigentes sindicales quieren imponer mesura en el aumento de salarios, la probable consecuencia es que haya huelgas de rebeldía, insubordinación entre los trabajadores y la aparición de fuertes competidores para los cargos de dirección sindical. Se da así el irónico fenómeno de que, al menos en Estados Unidos, los dirigentes sindicales han objetado la interferencia gubernamental en el mercado con mayor consistencia y valor de lo que lo han hecho dirigentes de la empresa privada.

La dificultad de cumplir con la «responsabilidad social» ilustra, desde luego, la gran virtud de la empresa privada competitiva obliga a la gente a ser responsable de sus opios actos y les dificulta «explotar» a otras personas para propósitos egoístas o altruistas-. Pueden hacer el bien pero sólo a su propia cuenta y riesgo-.

En aras de la simplicidad he concentrado mi atención sobre el caso especial del ejecutivo empresarial, excepto por la breve disgresión sobre sindicatos. Pero exactamente el mismo argumento es aplicable a la versión, recientemente popularizada, que exhorta a los accionistas a que exijan a las empresas que muestren responsabilidad social. En la mayoría de los casos, lo que en realidad sucede es que algunos accionistas quieren que otros accionistas (o consumidores o empleados) contribuyan, contra su voluntad, a causas «sociales» que propugnan los activistas. En la medida que tienen éxito, están, de nuevo, creando impuestos y gastando los ingresos por ese concepto.

EL DERECHO DEL PROPIETARIO

La situación del propietario individual es un tanto diferente. Si él disminuye las utilidades de su empresa con el objeto de ejercitar su «responsabilidad social», él está gastando su propio dinero y no el de los demás. Si desea gastar su dinero para tales propósitos, tiene derecho de hacerlo y no puedo encontrar nada objetable en que lo haga.

Desde luego, la doctrina de la «responsabilidad social» es en buena medida una cortina de humo para ocultar acciones que se justifican de otras maneras en vez de ser una razón para esas acciones.

Para ejemplificar, podría servir los intereses a largo plazo de una empresa que es la principal fuente de trabajo en una comunidad pequeña, dedicar recursos para proveer de parques a esa comunidad o para mejorar su gobierno. Eso podría facilitar el atraer buenos trabajadores o reducir el gasto en salarios; o podría disminuir las pérdidas por robo o sabotaje; y así sucesivamente. O podría ser que, en vista de las leyes actuales acerca de la exoneración de impuestos por concepto de contribuciones caritativas de las empresas, los accionistas contribuyeran más a las instituciones de caridad que prefieren, decidiendo que sean las empresas las que hagan dichas contribuciones en vez de hacerlo ellos mismos, puesto que de esa manera ellos pueden contribuir con una cantidad que de otra forma sería pagada por concepto de impuestos de empresa.

En cada uno de estos casos y muchos otros similares, hay una fuerte tendencia a justificar estas acciones como el ejercicio de la «responsabilidad social». En el actual ambiente de opinión, con su generalizada aversión al «capitalismo», «utilidades» y «la empresa despiadada», ésta es una forma de crear buena voluntad para una empresa, obteniendo un beneficio adicional de los gastos que están perfectamente justificados en términos de su propio interés.

Sería inconsecuente de mi parte exhortar a los ejecutivos de empresa a que eviten ese juego hipócrita porque daña las bases de una sociedad libre. Eso sería pedirles que cumplieran una «responsabilidad social». Si nuestras instituciones y las actitudes del público determinan que el ocultar de esa manera las acciones de los ejecutivos contribuya a sus propios intereses, no puedo lograr mucha indignación para denunciarlos. A la vez, puedo expresar mi admiración por esos propietarios individuales o accionistas que desprecian esas tácticas porque consideran que se acercan al fraude.

EMPRESARIOS «ESQUIZOFRÉNICOS»

Sea o no condenable, el uso de la cortina de humo de la «responsabilidad social» y las tonterías que dicen en su nombre empresarios influyentes, evidentemente perjudica las bases de una sociedad libre. A menudo me ha impresionado el carácter esquizofrénico de muchos empresarios. Ellos son capaces de tener mucha visión y clara comprensión en asuntos internos de su propia empresa, pero son increíblemente miopes y confusos en asuntos que caen fuera de su propio negocio, pero que afectan la posible futura pervivencia de la empresa privada en general. Esta miopía es dramáticamente ejemplificada en sus peticiones relativas a la política y niveles de precios y salarios sugeridos por el gobierno. Nada podría hacer más y en corto tiempo para destruir el sistema de mercado y sustituirlo por un sistema de control central que el efectivo control gubernamental de precios y salarios.

La miopía es igualmente ejemplificada por los discursos de los empresarios sobre la «responsabilidad social». Esto podría ayudarlos a corto plazo. Pero contribuye a fortalecer la ya prevaleciente idea de que la búsqueda de utilidades es mala e inmoral y debe ser detenida y controlada por fuerzas externas. Una vez que se adopte esta idea, las fuerzas externas que interfieren en el mercado no serán la conciencia social de los ejecutivos que hacen de pontífices, sino el puño de acero de burócratas gubernamentales. En esto, como en lo que respecta al control de precios y salarios, los empresarios me parece que revelan un impulso suicida.

¿UNANIMIDAD O CONFORMIDAD?

El principio político que sustenta el mecanismo del mercado es la unanimidad. En un mercado libre ideal que descansa sobre la propiedad privada, ninguno puede forzar a ningún otro individuo; toda la cooperación es voluntaria; todos los que participan en esa cooperación se benefician o pueden dejar de participar. No hay valores «sociales» ni responsabilidades «sociales» que no sean los valores y las responsabilidades de individuos. La sociedad es un conjunto de individuos y de los diversos grupos que voluntariamente forma.

El principio político que sustenta el mecanismo político es la conformidad. El individuo debe estar al servicio de un interés social más general determinado ya sea por la iglesia, un dictador o la mayoría-. El individuo puede votar y expresar opinión sobre lo que ha de hacerse, pero si su voto y su opinión son derrotados él tiene que aceptarlo. Es correcto que algunos exijan a otros que contribuyan al propósito social general, quiéranlo o no.

Infortunadamente, la unanimidad no siempre es factible. Hay ciertos respectos en los cuales la conformidad parece inevitable, de modo que no veo cómo puede uno evitar el mecanismo político en su totalidad.

Pero la doctrina de la «responsabilidad social», si se le toma en serio, extendería el alcance del mecanismo político a todas las actividades humanas. No difiere en orientación fundamental de la más explícita doctrina colectivista. Solamente difiere en que profesa creer que finalidades colectivistas pueden ser logradas sin utilizar medios colectivistas. Esa es la razón por la cual la he llamado «una doctrina fundamentalmente subversiva» en una sociedad libre, y he afirmado que en una sociedad tal «hay una y sólo una responsabilidad social de la empresa privada: utilizar sus recursos y realizar actividades que estén diseñadas para aumentar sus utilidades siempre que acate las reglas del juego, lo cual equivale a decir, siempre que entre en abierta y libre competencia sin engaño ni fraude.»[ii]

[i] «1970 por el New York Times Company. Reproducido con permiso».

[ii] M. Friedman. Capitalismo y Libertad. (Imprenta Universitaria de Chicago, 1962, p. 133).