Año: 19, Enero 1977 No. 381

Los Impuestos Progresivos Tienen Efectos Regresivos

Alberto Benegas Lynch (h)

Muchos son los ángulos desde los cuales se puede establecer una clasificación de impuestos. Según el punto de vista desde donde se los quiera analizar, será una u otra la clasificacion que corresponda. A los efectos del presente trabajo, es importante agrupar los gravámenes en progresivos, regresivos, de capitación y proporcionales.

Los impuestos progresivos son aquellos en los cuales se aplica una tasa creciente a medida que el patrimonio o el gasto aumenta (según sean impuestos directos o indirectos). El impuesto regresivo, por el contrario, implica una tasa menor cuanto más grande sea el objeto imponible y viceversa. Por su parte, el gravamen llamado de capitación, si bien resulta en la práctica un ejemplo de regresividad, se lo suele estudiar por separado, pues posee características propias e independientes en lo que a la alícuota se refiere. El tributo de capitación estipula un valor absoluto uniforme para todos los sujetos pasivos, con total independencia de sus respectivas capacidades contributivas. Por último, el impuesto proporcional el más justo y equitativo por sus efectos económicos y su significado jurídico, como su nombre indica, grava conuna tasa igual a todos los contribuyentes.

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Resulta de trascendental importancia adoptar gravámenes que sean lo más neutros posibles a los efectos del mercado, es decir, que sean puramente fiscales, recurriendo a fondos del público al solo efecto de que el gobierno cumpla con sus funciones específicas de proteger a todos los habitantes en sus derechos. En materia de hacienda pública, debe rechazarse todo intento de implantar gravámenes de contenido extrafiscal, precisamente porque su objetivo consiste en alterar la estructura económica establecida por los consumidores en el mercado.

La exoneración fiscal, tanto objetiva como subjetiva (según se refiera a bienes o a personas jurídicas), debe abandonarse como herramienta de política económica. Las exoneraciones fiscales necesariamente falsean la estructura precios-costos en el mercado, estableciendo posiciones relativas artificiales con respecto a las que hubieran resultado de haberse implantado equitativamente impuestos proporcionales y aplicados universalmente. Dicha estructura artificial provoca cambios en la asignación de recursos, canalizando los siempre escasos factores productivos hacia ramas y sectores económicos distintos da los que hubiera seleccionado el consumidor de no haber mediado la ingerencia gubernamental antes aludida, la cual como queda dicha altera los indicadores económicos, malguiando la inversión. Este proceso se denomina deseconomización, o simplemente, despilfarro de capital, lo que indefectiblemente redunda en una disminución en el nivel de vida de la comunidad.

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En materia fiscal, nada tiene más importancia que comprender con claridad la incidencia final de todo impuesto. Nada tiene más importancia que percatarse con la claridad suficiente que siempre, todos los integrantes de la comunidad se hacen cargo del volumen global de impuestos. No importa en qué radiquen los mínimos no imponibles, no importa cuáles sean las deducciones ni las exoneraciones, no importa que el impuesto recaiga, en derecho, sobre algunos sujetos pasivos en forma más pesada que sobre otros; de hecho, la presión tributaria afecta a todos.

Tratemos de ilustrar esta idea con un ejemplo que se repite a diario. Se dice «pongámosle impuestos progresivos a los ricos, así podemos ayudar a los pobres. Nuestra tesis aquí consiste en sostener que cuanto más intensamente progresivo sea un impuesto, más se perjudicará a los consumidores de menor poder adquisitivo (los relativamente pobres), puesto que, en última instancia, son éstos los que en realidad deberán soportar el peso principal de la progresividad, lo que, en verdad, se traduce en efectos regresivos. Veamos cómo opera el proceso.

Si fuera posible trasladar los nuevos costos fiscales a los precios, no habría necesidad de mayores comentarios, pues en este caso se vería claramente que son los consumidores los que están sufragando el gravamen adicional. En la práctica, sin embargo, ello no resulta posible, debido a que el empresario está permanentemente maximizando sus precios, es decir, cobrando el precio que considera es el más alto posible, dadas las circunstancias imperantes. Un aumento en los costos no es causa de un aumento en los precios; de lo contrario, simplemente, una elevación de costos, podría inmediatamente trasladarse a los precios del producto. En esta hipótesis no habría tal cosa como pérdidas. En otros términos, el precio es consecuencia de las valorizaciones subjetivas de los que actúan en el mercado, y para nada son relevantes las particulares estructuras de costos. Si los precios experimentan aumentos se debe a fenómenos endógenos al mercado o se debe a intromisiones exógenas (especialmente políticas monetarias del gobierno), pero, repetimos, en ningún caso se debe a mutaciones operadas en las específicas estructuras de costos. Cuando se grava progresivamente la renta de una empresa, ésta deja de invertir por ese monto, no distribuye dividendos o hace una combinación de ambas políticas. En cualquier caso, la inversión resultante será menor. Si los accionistas perciben dividendos menores, se abstendrán de consumir si su ingreso es reducido, o se abstendrán de invertir si su ingreso es más holgado. El accionista del primer supuesto recibe como consumidor un perjuicio directo. En los supuestos de que la empresa restrinja sus reinversiones o que el accionista se vea forzado a disminuir su nivel de inversión, ello redundará en un ritmo de capitalización menor y, por ende, el nivel de ingresos y salarios en términos reales serán también menores de lo que hubieran resultado de haberse permitido la canalización de la nueva inversión y, es allí, precisamente, donde se ve perjudicada la comunidad.

Ahora bien, en la práctica, ¿ quién sacrifica más, el rico que ve reducido su patrimonio o el pobre que debe renunciar a una porción de su salario debido a la merma operada en el volumen total de inversiones? El impuesto progresivo es un castigo progresivo a la eficiencia y a la productividad, que evidentemente provoca efectos adversos sobre toda la población, pero el peso principal recae sobre los económicamente más débiles. Demás está decir que los menos pudientes siempre resultan ser los más afectados frente a políticas económicas erradas, cualquiera sea la materia de que se trate, pero, en el terreno fiscal, el impacto negativo se observa con mayor nitidez.

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Debido a que a través del impuesto progresivo se falsean y contradicen las valorizaciones del consumidor –utilidades marginales-, la pérdida resultante en los niveles de productividad hacen que los de menor capacidad adquisitiva se vean privados de una parte de su ingreso potencial, por ende, el impuesto progresivo está, en la práctica, generando efectos regresivos. Esto último se desprende del hecho que, si bien el conjunto social se resiente cuando se vulnera la estructura de capital, la unidad de salario que deja de percibir el obrero marginal (el menos eficiente) le causa, en términos generales, un perjuicio mayor que la pérdida sufrida por el resto de sus semejantes. Es decir, cuanto menores sean los recursos con que cuenta una persona, mayor será la incidencia de una política fiscal discriminatoria. El millonario, sin duda, se disgustará cuando deba pagar sus impuestos, pero este disgusto no es nada comparado con los padecimientos a que se somete a los más necesitados

En resumen, para discutir problemas fiscales, es requisito sine qua non haber entendido el significado del proceso de mercado. Una vez entendido el fenómeno económico de la asignación de recursos, habremos «descubierto» la importancia de aplicar gravámenes exclusivamente para que el gobierno cumpla con su importante misión de velar por la vigencia del Derecho y la Justicia. Por lo tanto, debe rechazarse toda ingerencia gubernamental fuera de su ámbito específico. Esta es la única política de genuino contenido social, lo demás son cacareos inconducentes que explotan la ignorancia ajena y, en el mejor de los casos, ponen de manifiesto lo irresponsables e iletrados que resultan ser los voceros del intervencionismo estatal en la economía.