Año: 19, Julio 1977 No. 394

En Torno a la Violencia

Manuel F. Ayau

Cada día se asevera con «autoridad» que la violencia se origina de alguna manera en las diferencias de riqueza.

Quienes ello dicen, tienen consigo primero, y con sus lectores y oyentes después, la obligación moral de continuar su análisis hasta sus últimas consecuencias.

Si se desea la tranquilidad social, nos dicen, debe disminuirse las desigualdades de riqueza. La pregunta que sigue es ¿cómo?

¿Cómo se puede transmitir riqueza de quienes legítimamente la han adquirido a quienes tienen menos porque legítimamente no la han adquirido? Una manera sería persuadir, sin coerción, a quienes tienen más, que la repartan. Probablemente este sistema no resulta muy eficaz para los propósitos, pero sería el único que no involucra la coerción por la fuerza, o sea el uso de la violencia. Normalmente no se tiene presente que al recurrir al gobierno para la redistribución[i] de la riqueza se está recurriendo al uso o amenaza (para el caso da lo mismo) de la fuerza pública. Si se pasa una ley que quita a unos riqueza para dar a otros, los despojados se dejan porque hay castigos para quienes no cumplen con la ley, y quien se resiste a cumplirla será obligado por la violencia oficial a cumplir.

El gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza, desde luego, para utilizarla, para obligar a los ciudadanos a cumplir las leyes, si es necesario. Este uso de la violencia, o la amenaza de usarla, es aceptado por todos como el origen de la legitimidad de los gobiernos. Para ello existen los gobiernos primordialmente: para utilizar la violencia, si es necesario, para hacer cumplir las leyes.

El pasar una ley mediante la cual se lleva a cabo el despojo de unos para beneficio de otros, sólo legaliza la violencia: no ha eliminado el uso de la violencia. Obviamente, es la amenaza de la violencia gubernamental la que inducirá a la gente a entregar parte de su legítimamente adquirido patrimonio para que sea repartido a otros que tienen menos.

De manera que resulta contradictorio el pretender la redistribución coercitiva de la riqueza mediante el uso de la violencia oficial como un medio para evitar la violencia que, supuestamente, se origina en las diferencias de riqueza.

Constituye un error atribuir la violencia a las diferencias de riqueza. Estas diferencias han existido en sociedades tranquilas y pacíficas. No es la violencia característica propia ni de una sociedad con diferencias de riqueza ni de una sin ellas. El monopolio de la coerción uso potencia de la violencia está justificado en manos del gobierno sólo y exclusivamente para evitar que otros usen la violencia. La tarea del gobierno de evitar el uso de la violencia privada se hace más difícil cuando voces influyentes inducen a la gente a «hacerse justicia» privadamente, según su particular concepto de justicia. Cuando ello se fomenta y justifica con torcidos o ignorantes juicios «éticos» aumenta, tanto la violencia particular como la gubernamental en su afán de evitar la primera.

Tanto quien intenta el despojo coercitivo como quien se defiende recurrirá a la violencia. Uno en forma ofensiva y el otro en forma defensiva. La violencia defensiva es totalmente justificada. ¿Quién no va a proteger con todos los medios a su alcance lo que considera legítimamente suyo? ¿Quién no va a considerar injusto que se le despoje de lo legítimamente adquirido? Por ello es que para que prevalezca la paz, es imprescindible que el derecho de posesión esté claramente definido.

Cómo se adquiere el derecho de posesión. Únicamente a través del proceso de adquisición. Si lo que se adquiere se adquiere con total respeto al derecho ajeno según lo definan las leyes nadie más puede tener derecho sobre lo mismo. Si se ha adquirido violando las leyes, el aparato coercitivo del gobierno debe entrar en acción y corregir la ilegalidad. Pero de lo contrario, ¿cómo podría justificarse que más de una persona tenga derecho sobre una misma cosa?

Si a varias personas se les hace creer que tienen derecho a la misma cosa, habrá violencia privada generalizada, pues entonces no sólo los pocos hombres deshonestos y violentos recurrirán ofensivamente a ella, sino también hombres de buena voluntad para proteger su patrimonio, defensivamente.

La ausencia de un régimen legal congruente con sanos principios de derecho (muchas veces la ley no es congruente con el derecho), y la impotencia del gobierno en hacer más certero el castigo a quien viola la ley, es la causa principal de la violencia generalizada.

Pretender que la causa de la violencia privada es la envidia por las diferencias de riqueza, la alienación, la injusticia social, etc., enturbia el análisis. Quien así piensa no contribuye a eliminarla, sino más bien la justifica y la fomenta.

[i] Se usa la palabra redistribución y no distribución de la riqueza porque como la riqueza alguien la produce, ya está distribuida en el instante que es producida; pertenece a quien la produjo.