Año: 20, Agosto 1978 No. 419

El Gobierno Ideal

Lic. Juan Carlos Simons

Cada cuatro años (al menos últimamente), en Guatemala se lleva a cabo un proceso de remoción y renovación del equipo de dirigentes públicos que tendrán a su cargo la dirección de la política general del Gobierno de turno. Durante la campaña preeleccionaria se ha vociferado por todos los departamentos de la República que el objetivo primordial del nuevo Gobierno será «defender los intereses de la gran mayoría de guatemaltecos que... etc., etc.». Y no solamente es siempre un denominador común entre los candidatos, sino que se convierte en una competencia por ofrecer el mayor beneficio a la mayor cantidad de gente posible. Es entonces cuando se llega a ofrecer imposibles, o cosas no tan imposibles, pero que el resultado de dicho ofrecimiento es en perjuicio de esa misma mayoría a la cual se pretendía beneficiar. Por otro lado, no representa costo alguno ofrecer lo ajeno (naturalmente aparte del costo social).

Sobre este enfoque de mayorías versus minorías es que descansa la plataforma política de los partidos y muchos de ellos sin tener conciencia del grado de asimilación que tienen de la tan cacareada teoría de la «lucha de clases, expuesta por Marx y difundida por Lenin. Pero el origen de cualquier «slogan» parece no tener ninguna importancia para los partidos políticos, lo que interesa es obtener los votos necesarios para lograr el poder. Es aquí donde el anhelo del poder político deja de ser un medio para la consecución de los fines individuales de la sociedad, para convertirse en un fin en sí mismo.

Parece ser que existen varios conceptos de lo que es un Gobierno Ideal. Para algunos el Gobierno de sus sueños es aquel que le proporcione un buen empleo con un salario más que bueno; para otros será aquel que, basado en un concepto errado de Democracia, esté dispuesto a pasar por encima de los derechos individuales solamente porque así lo quiere una mayoría. Habrá también (esperamos) quienes aboguen por un gobierno limitado en el que su preocupación y fin primordial sea procurar plena seguridad y garantía de los derechos individuales que establece la constitución de los países libres, como lo son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.

Pero en última instancia ¿qué criterio debe prevalecer en la orientación de la política del Gobierno?

Desde luego que podemos estar de acuerdo en que debemos perseguir el mayor bienestar económico y social posible de toda la población, pero en lo que podemos no estar de acuerdo es en qué forma vamos a lograr ese común propósito.

Por ejemplo, mencionemos algunas medidas gubernamentales que muestran una clara incongruencia entre medios y fines:

El control de precios

Si hay algo por lo que debiera clamar la totalidad de la población es por la abolición de los precios topes, y especialmente aquellos sectores de bajos ingresos. Digo especialmente porque si bien todos los artículos que demandan los consumidores son importantes, con mayor razón debe de velarse por un abastecimiento adecuado de los artículos llamados «de primera necesidad» o «de consumo popular». ¿Qué es preferible: que se encuentre leche a 35 centavos el litro, o que exista un precio de 30, pero no haya leche? ¿Que la libra de azúcar tenga un precio oficial de 11 centavos y que no encontremos por ningún lado, o pagar 15, 18 o 20 centavos pero con la seguridad de que tendremos la cantidad que demandamos? ¿Que paguemos 3 centavos por cada pan o tener la ilusión de encontrarlo a 1 ó a 2 centavos?

Es este el tipo de razonamiento con que el consumidor (que lo somos todos) debiera de plantearse el problema, y es necesario detenerse un momento a pensar: ¿qué sería lo que cualquiera de nosotros haría si el gobierno nos obligara a y e n d e r nuestros servicios y/o nuestra producción a un precio arbitrario que estuviera por debajo del precio que el cliente estaría dispuesto a pagar? (Recordemos que el gobierno fija un precio por debajo del de mercado, supuestamente, para «proteger» al consumidor, de lo contrario, sería inocuo que lo estableciera en el punto de equilibrio o arriba de él). ¿Estaría usted, señor consumidor, dispuesto a invertir sus recursos en una actividad controlada por el Estado? Para todos los seres humanos existe una misma lógica independientemente de la posición económica o actividad a la que cada uno se dedique. Imaginémonos lo absurdo y catastrófico que resultaría si cada uno de nosotros estuviera dispuesto a invertir en algo que no nos fuera a producir algo más que lo originalmente invertido.

El aumento masivo de salarios

De esta medida política del Gobierno podemos hacer un breve análisis, pero como es lo aconsejable, procurando que sea dentro del marco lógico del sentido común.

En primera instancia recordemos que el Gobierno no tiene recursos propios, es decir los que detenta son extraídos de los ciudadanos, quienes al pagar los impuestos se convierten en contribuyentes. Y se les llama así porque contribuyen a solventar los compromisos que contrae el Gobierno.

Ahora bien, ¿qué alternativas tiene el Estado para financiar un alza de los sueldos y salarios de la burocracia? Veamos:

1) Puede aumentar los impuestos para agenciarse los fondos necesarios, pero esta manera de cubrir el déficit es bastante impopular, dado que es muy visible su repercusión en todos los sectores de la población.

2) Puede aumentar el medio circulante, lo cual trae como consecuencia irreversible un aumento en los precios de todos los bienes y servicios producidos en el país. Esta medida aunque disimula bastante lo que seria un nuevo impuesto (es un impuesto, ya que el Estado obtiene recursos a costas del poder adquisitivo de los ciudadanos), última mente ya no es aceptada por un gran grueso de la población que ya se ha percatado de los efectos inflacionarios de la emisión monetaria, los cuales anulan cualquier aumento nominal de salarios.

3) Puede cambiar el destino de algunos fondos que estaban presupuestados para otro fin. Fue esto precisamente lo que hizo nuestro Gobierno para acceder a las demandas salariales de los trabajadores del Estado. Son aproximadamente 60 millones de quetzales que dejarán de invertirse en caminos, escuelas, hospitales y en pago de salarios o jornales de otros sectores, para pagar un aumento a sectores más privilegiados de la burocracia.

Pero el problema no termina allí, porque seguramente que el Gobierno tomará en cuenta el aumento de salarios para el próximo presupuesto, así como la obra pública que dejó de hacer adicionada a la que ya pensaba incluir en el mismo.

Ahora bien, quiere decir que el problema de cubrir el alza de salarios no se ha solucionado, solamente se ha pospuesto. Todavía queda la pregunta: ¿De dónde va a obtener los ingresos adicionales? ¿Se le ocurre a usted alguna otra alternativa que no sea la 1 ó la 2?

Dentro del tema de los salarios debemos de diferenciar entre aquellos que el Estado puede directamente establecer y los otros en los cuales sólo por medio de otros mecanismos puede regular. Así tenemos el caso de los Salarios Mínimos.

El salario mínimo es una medida bastante atractiva para los Gobiernos (al menos lo será hasta que los trabajadores se den cuenta del perjuicio que para ellos mismos significa).

Generalmente se actúa como si se ignorara que cualquier costo lo paga el consumidor, es decir que si se fuerzan los salarios para arriba, tendremos que pagar mas por el producto que se fabrica o se vende con esos salarios. Recordemos que los salarios los paga el consumidor (no el empresario) y si tenemos que la mayoría de consumidores son pobres, los salarios no pueden ser altos.

Entonces, ¿qué pasa cuando al empresario (del nivel económico que sea) lo obligan a gastar más de lo que él estaría dispuesto a pagar en salarios? Tendrá que tomar la decisión de subir sus precios o despedir personal (o ambas cosas). Si el salario mínimo fuera realmente beneficioso ¿por qué no fijar un salario de Q.20.OO diarios para los trabajadores del campo, por ejemplo? Alguien podría decir que es una suma exageradamente alta, pero ¿no funciona igual el razonamiento para cualquier cifra que esté por encima del salario de mercado? Lo que sucede es que a medida que se eleva el salario, resulta más evidente el desempleo que se ocasionaría, pero de igual manera tenemos que aceptar que fijar un salario mínimo sí ocasiona desempleo.

Así, como los ejemplos anteriores, podríamos seguir mencionando casos en los cuales el gobierno puede tener intenciones de lograr un mejoramiento en el nivel de vida de la población, pero que el resultado de dichas medidas difiere mucho del objetivo. Ahora bien, si algo sí tenemos derecho de esperar de cualquier Gobierno es que antes de tomar cualquier medida derivada de presiones de cualquier sector, analice el problema a fondo y tome en cuenta de que en el campo de la economía lo beneficioso o perjudicial no puede verse o sentirse en un corto plazo. Cualquier medida económica tiene repercusiones que no son tan evidentes ni inmediatas.

Recordemos que el Ideal del Gobierno muchas veces no coincide conEl Gobierno Ideal.