Año: 25, Enero 1983 No. 525

Guatemala en Crisis

Juan Carlos Simons

Todos los guatemaltecos desde hace algún tiempo estamos siguiendo día a día las noticias, los informes, los documentos y las declaraciones que de todas fuentes, públicas y privadas han aparecido acerca de el porqué de la actual crisis económica, así como de las expectativas que surgen para aliviar o solucionar en algo dicha situación. Sin embargo, estamos observando que día a día el deterioro se hace mas sensible y que a pesar de que decimos estar dispuestos y comprometidos para sacar adelante la tarea productiva, poniendo los pies sobre la tierra, vemos que no existe la política económica adecuada.

Cada día se hace más evidente la necesidad de hacer cambios. Se han hecho cambios en cuanto a corrupción administrativa, se habla de cambios de actitud en general, lo cual indiscutiblemente tiene que traer algún beneficio, sin embargo, el beneficio en la economía del país, es decir en la población, requiere de implementaciones prácticas que provoquen un cambio de resultados. En otras palabras, debemos primeramente aceptar que gran parte de lo que se estaba haciendo anteriormente estaba equivocado o no era lo adecuado y que es necesario romper el esquema anterior, no solamente en teoría, sino en la práctica.

Ahora bien, repasemos brevemente la historia de los principales acontecimientos económicos de los últimos tiempos en nuestro país. Uno de los aspectos, que para la mayoría el resultado fue evidente, lo constituye el aumento forzado del salario mínimo en marzo de 1980 para la agricultura, el cual fue incrementado en más de 100% y que a pesar de las reiteraciones que se hicieron en cuanto al desempleo que iba a ocasionar, no solamente en la agricultura sino en las demás actividades, se tomó la decisión «política» de decretar el aumento casi automáticamente, aún quienes aseguraban que el anunciado desempleo era una lucubración teórica, tuvieron que aceptar lo que se constituyó en un hecho: El desempleo principió a convertirse en un grave problema.

Si añadimos a lo anterior, el que se podía prever que a corto plazo la situación de años anteriores, tendía a cambiar, ya que los negocios señalaban indicadores de rentabilidad en disminución, que las reservas monetarias internacionales venían en descenso, que la situación política local y regional era cada día mas preocupante, que las medidas adoptadas por el Gobierno guatemalteco no eran motivo de aliciente ni seguridad, después de ésto no constituía un acto de adivinación el afirmar que venía una crítica situación económica. Naturalmente nos estamos refiriendo a que existía (y aún existen) medidas internas que, de haberse aplicado, pudieron haber aminorado los efectos negativos que nos ha causado lo que han llamado recesión mundial.

Cuando se instauró el control de cambios en Guatemala en abril de 1980, existían divisas por más de setecientos millones de dólares, sin embargo, se dijo por parte del gobierno que el ritmo de disminución de las reservas ameritaba dicho control. Algunos opinamos en ese momento que el ritmo de salida de divisas se aceleraría con la implantación del control provocando mayor desconfianza y fomentando las exportaciones de capital. El resultado fue que 6 meses después de instaurado el control de cambios las reservas habían disminuido 25%, es decir 180 millones, mientras que seis meses antes habían disminuido en sólo 12 millones, es decir 1.7% con respecto al mes de abril.

En esos días se decía que era un «control de transferencias de capital» que no afectaría las transacciones normales y que únicamente se quería tener un registro de los compromisos del exterior y controlar el uso adecuado de las divisas para evitar los abusos en cuanto a la exportación «injustificada» de los capitales guatemaltecos. Ante la alarma de algunos sectores, se prometió públicamente que no se restringirían las transacciones comerciales, turísticas, remesas por estudio, tarjetas de crédito, ni ninguna otra.

La realidad la conocemos todos, momento a momento se ha ido restringiendo cada vez más la libertad que teníamos los guatemaltecos de decidir qué hacer con el fruto de nuestro trabajo. A pesar del cambio de gobierno, orientado en general hacia hacer cambios positivos, la política económica en vez de cambiar hacía promover confianza en el actual régimen ha provocado un creciente desconcierto en todos los sectores.

Las autoridades monetarias del actual Gobierno han dedicado gran parte de su tiempo a buscar préstamos que llaman «honrosos» para salvar la necesidad cada vez más creciente de divisas. Según el parecer de las autoridades la única solución es endeudarse aunque el crecimiento de la economía de Guatemala ha venido disminuyendo hasta llegar a su nivel más bajo de los últimos 30 años (el 1% en 1981, y parece ser que en el 82 será de 3%). Sabemos que no se puede pagar una deuda cuando no hay expectativas a corto y mediano plazo de aumentar la producción para hacerle frente a las necesidades del país y a las deudas contraídas.

El endeudamiento de la Nación, es decir lo que tenemos que sufragar todos los guatemaltecos era de más de 2,100 millones de quetzales a finales de 1981. Lo que equivale a decir en términos per-cápita que cada nuevo guatemalteco que nace debe Q.300.00 solamente para cubrir la deuda nacional. En 4 años (1977-1981) se más que triplicó la deuda nacional. El incremento de 1981 con respecto al año anterior fue del 81%.

No es entendible el porqué las autoridades monetarias que asumieron la dirigencia después del 23 de marzo, se esforzaban en mantener como secreto de Estado lo relacionado a la deuda pública y las reservas monetarias, ya que no se publicaban cifras o alguna información clara sobre cuál era la realidad. Todos sabíamos que el régimen anterior había llevado al país a una situación nada favorable y en todo caso existía la oportunidad de cambiar el rumbo de la economía luego de mostrarle a toda la ciudadanía que lo que se venia haciendo no era necesariamente lo mejor.

La política monetaria constituye raíz del problema económico interno. No solamente que ha existido desde hace años, sino que principalmente la que han aplicado las autoridades encargadas durante el régimen actual. Parece ser que el criterio que prevalece es el de reprimir la economía en vez de estimularla.

Si nos hubiéramos guiado por las contundentes declaraciones públicas de algunos funcionarios que en despliegue periodístico han prometido que no se tomarán determinadas medidas y que al poco tiempo aparecen en vigor, nos encontraríamos aún más engañados de lo que fuimos. Solamente basta revisar encabezados de la prensa de algunos meses atrás para obtener un triste resumen de lo que se ofreció que no iba a hacer el gobierno y que precisamente ha acontecido en el campo económico. La ciudadanía ha perdido la confianza en las declaraciones de los principales funcionarios encargados de la política económica.

Por otro lado, el funcionario que se ha caracterizado en nuestros gobiernos es aquel que, por el temor político de que su imagen pueda perjudicarse si no queda bien con todos los distintos grupos, generalmente se preocupa cuando alguien protesta públicamente. Esto lo lleva a desatender su principal, por no decir lo que debiera ser su única obligación, cuál es la de proteger los intereses de la ciudadanía en general. Es decir, que de acuerdo con normas generales que debieran ser igualmente aplicadas para todos, debieran tomarse las decisiones por el bienestar general. Coincidentemente este bienestar solamente puede lograrse si las normas generales son producto de un honesto interés por defender y promover la libertad que cada guatemalteco tiene para ganarse la vida en forma en que él mejor lo disponga.

¿Será aplicable el caso de una norma justa, es decir, de aplicación general, el que se prohiba por ejemplo, la importación de papas, de uvas o de manzanas? ¿Qué criterio «justo» existe para decir que en un determinado momento un grupo de guatemaltecos tiene más derecho (los productores) que otros (los importadores) para obtener sus ingresos? Si quitamos los juicios personales y seudopolíticos que se presentan a través de las declaraciones públicas para justificar el hecho de que en nuestro medio solamente el que tiene mayor poder de presión es el que logra las gracias y bondades del Gobierno, ¿Qué razón aceptable nos queda para explicar ¡una decisión de esta naturaleza? Tan guatemaltecos son unos como los otros y en última instancia el consumidor, también guatemalteco, es quién debiera decidir qué clase y qué precio de manzana, uva o papa desea consumir.

Es precisamente este tipo de actitud la que nos tiene en tan mala situación, principalmente la incertidumbre sobre qué será lo próximo que se prohibirá. El guatemalteco honesto se siente perseguido como un delincuente debido a tanta prohibición, fiscalización y desconfianza que recibe de las autoridades. Esto es un sentir general.

La idea de que el Gobierno debe y puede solucionar los problemas económicos de sus gobernados, no solamente es absurda sino que representa el mayor peligro ideológico que conocemos: la aceptación del socialismo. Y esta aceptación generalmente es inconsciente y gradual, ya que seguramente si nos preocupáramos por preguntarle a las personas que nos encontramos en la calle si es socialista o comunista, obtendríamos mayoritariamente respuestas negativas. Pero si preguntáramos si está de acuerdo en que el Gobierno le garantice un ingreso mínimo, o le dé empleo aunque no sea necesario, que le dé asistencia médica, que le dé un seguro contra el desempleo, que le proporcione alimentación o vivienda, etc., seguramente que la mayoría estaría de acuerdo con que se le proporcionara todo lo anterior. De dónde salgan los recursos para proporcionar todos esos servicios, no será preocupación de muchos.

La ignorancia o el analfabetismo económico es quizá el mayor mal con que nos encontramos, aún en las esferas privadas y gubernamentales en donde se esperaría que se tuviera mayor comprensión del problema. El complejo de culpa del empresario que asimila la propaganda socialista a tal grado de creer que la pobreza que existe a su alrededor se debe a que él tiene capital y produce riqueza, sumado al prejuicio ideológico del típico burócrata que ha estado acostumbrado a dirigir la actividad económica desde su escritorio y que no conoce lo que es comprar, vender, pagar la planilla, lidiar con la competencia, ganarse clientes, obtener divisas para pagar proveedores del extranjero, etc. Todo esto es lo que nos tiene en el descenso hacia el fondo del barril.

Solamente existen dos opciones para decidir qué hacer en este momento: o se da más libertad, o se ponen mayores restricciones. Independientemente de posiciones ideológicas, ¿Cuál hemos sentido que es el camino que mejor funciona para estimular al individuo a producir?

La excusa de que Guatemala está en crisis económica debido a la situación mundial, está muy bien para aquellos funcionarios que tanta pompa y anuncio hicieron de cómo resolverían los problemas, sin embargo, después de su fracaso debemos reflexionar y tomar el cambio, no solamente de actitud sino de política económica.

Si estamos convencidos de que Guatemala es un país diferente, con decisión y, sobre todo con fe, el año 1983 puede ser mejor de lo que los tradicionales «sabios» han pronosticado.

Ludwig von Mises, «Democracia», 1945.