Año: 34, Julio 1992 No. 754

Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, desde 1977. Antiguo Prefecto de Estudios del Seminario Latinoamericano en Roma y Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín de Profesor de Sociología, Filosofía y Religión en cinco college en los Estados Unidos. Ha realizado estudios en Periodismo, Derecho, Filosofía, Clásicos y Teología.

Tomado de ACTA ACADEMICA, No. 9, revista de la Universidad Autónoma de Centro América, de Costa Rica.

EL DINERO EN UN ESTADO DE DERECHO

Por Armando de la Torre

La intención de este trabajo es eminentemente práctica: la de sondear posibles soluciones a un problema ya ampliamente estudiado y analizado, como lo es el de la inestabilidad monetaria, pero dentro del marco de lo que hoy crecientemente se aspira: unEstado de Derecho.

Prefiero empezar por aclarar lo que en este contexto entiendo por Estado de Derecho: una organización política de la sociedad donde los derechos individuales anteriores y superiores a esa misma organización están garantizados frente a la autoridad pública. En este sentido, elEstado de Derecho no se traduce meramente al estado de legalidad ni tampoco es exactamente idéntico con el de un orden constitucional. El Estado de Derecho implica una filosofía jurídica opuesta a la imperante desde hace un siglo por toda la América Latina: la del positivismo jurídico.

Ese Estado de Derecho suele coincidir contemporáneamente con el gobierno mayoritario pero limitado por los derechos del hombre, que deslindara Ortega y Gasset hace ya más de medio siglo al contrastar los términos liberalismo y democracia:

Democracia y liberalismo son dos respuestas a dos cuestiones de Derecho político completamente distintas

Pero en esa pregunta no se habla de qué extensión deba tener el poder público. Se trata sólo de determinar el sujeto a quien el mando compete. La democracia propone que mandemos todos, es decir que todos intervengamos soberanamente en hechos sociales

El Estado de Derecho es una corrección que hizo la jurisprudencia alemana del siglo XIX a la estricta separación de poderes preconizada por Montesquiu y erigida en norma suprema constitucional por la Revolución Francesa.

Los Ilustrados del siglo XVIII no pudieron prever el crecimiento desmesurado de la burocracia al servicio del Ejecutivo como consecuencia de las tendencias centralizadoras del Estado francés. Mucho menos pudieron prever las responsabilidades adicionales del Estado que se iniciaron hace poco más de cien años bajo Bismarck en Alemania y que hoy identificamos como el Estado-providencia o el Estado benefactor (Wohlfahrtstaat, Welfare state).

Las declaraciones universales, regionales y nacionales de derechos humanos y del ciudadano no han bastado para detener la creciente expansión reguladora e impulsadora del Estado. Los intentos más o menos tímidos de sobreponer a nuestra práctica legislativa los controles de una Corte de Constitucionalidad (para el poder legislativo) o de un Procurador de los Derechos Humanos o Defensor del Pueblo, como se le conoce en España- (frente a la discrecionalidad del poder ejecutivo) han sido paliativos que no han ido a la raíz de la fragilidad de nuestro Derecho.

Se requiere una vuelta de ciento ochenta grados a la redonda de nuestra filosofía jurídica, de la que aún estamos muy lejos

El problema del Estado de Derecho se plantea a nivel continental y en eso estamos todavía a la zaga del llamado Primer Mundo, sobre todo con respecto al derecho inalienable más frecuentemente conculcado; el de la propiedad.

Desde esta perspectiva no hay una instancia superior a la voluntad de la mayoría. Tampoco cabe calificar una ley de injusta, si ha sido sancionada según el procedimiento legislativo que la mayoría haya determinado, ya sea por legislación extraordinaria o por la ordinaria.

Sirva esto sólo de recordatorio de que la alternativa actual de la última década del siglo XX entre un mercado libre, donde los medios de producción son de propiedad privada, y uno centralmente planificado, donde son socializados a través del Estado, entraña una alternativa, mucho más profunda, de normatividad jurídica, que le es lógicamente anterior.

Ahora quiero añadir aquí unas reflexiones sobre la cuestión monetaria bajo un Estado de Derecho, es decir, ese Estado donde las funciones discrecionales de los funcionarios a cargo de la política monetaria y crediticia no desembocan en una erosión incontenible de la libertad, la propiedad y la prosecusión de la felicidad individuales

Porque la América Latina ha batido todas las marcas históricas de inflación en los últimos treinta años. Bolivia fue uno de los casos más conocidos y comentados, hasta que surgió hace unos cinco años la hiperinflación galopante de Nicaragua bajo el régimen sandinista, que parece erigirse en el absoluto récord mundial.

Pero esta alza sostenida de los precios que todos sabemos es el resultado inevitable de emisión inorgánica de dinero (esto es, por encima de los índices de productividad) en estos treinta años, ha ocurrido después de las experiencias trágicas de inestabilidad monetaria que trajo al mundo moderno la I Guerra Mundial y el abandono consiguiente del patrón oro. Es decir, Europa ya había tenido sus desgarradoras experiencias con las políticas fiscales suicidas de gastar más de lo que ingresa por la vía tributaria, como lo atestiguó la gran ola inflacionaria alemana de 1923 y la deflación generalizada, todavía penosamente inolvidable, de la Gran Depresión de los años 30.

No éramos, pues novatos; siempre hemos incurrido en las mismas tentaciones al corto plazo en las que suelen caer los políticos de todas la latitudes, y que me recuerda la advertencia de Jorge Santayana: quien no aprenda de los errores del pasado, está condenado a repetirlos.

Pero nuestros pueblos (y por consiguiente nuestros políticos) no parecen todavía haberse educado sobre la importancia de una sana política monetaria. Quizás, porque el inundo del comercio, la moneda, y sobre todo, del crédito, sigue siendo misterioso, aún para muchos de los actores de éxito en estas actividades. Quizás, también, porque, como insistía Federico Bastiat, la naturaleza predatoria del hombre confía obtener -a través de la Ley- vivir a expensas del esfuerzo ajeno. Tal vez, en fin, porque nos hemos vuelto adictos al paternalismo del Estado que Hernando de Soto llama mercantilista y Max Weber patrimonialistas.

La intervención del Estado en materia monetaria afecta los niveles de producción y de precios más que cualquier otro factor , sobre todo si se tiene en cuenta el gigantesco crecimiento del sector público como proporción del producto interno bruto en todos nuestros países, con las posibles excepciones de Chile y Bolivia en los últimos años, y de lo que puede significar el fenomenal desarrollo de la economía informal, como se ha documentado en los casos de Perú y la Argentina.

La inflación es el azote más terrible para cualquier sociedad . Hace imposible el cálculo económico eficiente, sobre todo a largo plazo; desalienta el ahorro hasta niveles que lo hacen desaparecer casi por completo; mina la fe del pueblo en sus instituciones; significa una transferencia masiva injusta de riqueza de los acreedores a los deudores; aumenta las diferencias entre los que tienen y no tienen; desvía hacia actividades improductivas -el intercambio de divisas- los recursos siempre tan escasos de tiempo, capital y trabajo; e inevitablemente, prepara a todos para el rudo despertar de la deflación, cuando las tasas de interés nominales se equilibren a las reales, con una estela de bancarrotas, desempleo y violencia.

Y en todo esto, pasa desapercibido el salvaje mandoble que se ha propinado al derecho de propiedad, del que la destrucción de la clase media es su más obvia manifestación.

¿Por qué es esto así?

En primer lugar, conviene recordar que la utilidad de la moneda -a diferencia de la de los otros bienes no resulta de consumirla sino de intercambiarla por otros bienes.

En segundo lugar, todos sabemos que no todos nos perjudicamos de la misma manera con la inflación, es decir, que siempre hay algunos cuya posición relativa en la escala del ingreso per cápita se mueve a su favor con respecto a las de otros, aunque al final del proceso el pastel de lo producido a distribuir entre todos sea más chico. Parafraseando a Milovan Djilas, la inflación también crea una nueva clase de consumidores, generalmente muy ostentosos, a expensas del resto de la población: la nomenclatura del partido en el poder y sus pocos y privilegiados asociados en el sector privado tanto empresariales como, sobre todo, sindicales. Porque esos que se benefician son los que están más cercanos a la fuente de la emisión monetaria; aquellos que más se perjudican son los que están mas lejos de esa misma fuente, esto es, los pensionados con rentas fijas y los desempleados. La inflación es como un guijarro lanzado a un estanque que genera ondas concéntricas de mejor a peor en la transferencia invisible del ingreso. Por esta razón se insiste tanto en que la inflación es el más injusto de los impuestos ocultos

El detonante para que ese aumento tan desastroso de circulante lo constituyen los abultados gastos del Estado-benefactor contemporáneo : los préstamos blandos a través de bancas estatales, los subsidios a las empresas deficitarias, las retribuciones salariales por encima de lo que dicta el mercado (empezando por el salario mínimo), el despilfarro en obras faraónicas de una gran pobreza de análisis de costos, por motivos puramente políticos y muchas veces de vanidad personal de un poderoso; los monopolios del seguro social y de otros muchos servicios que se quedan así sin el norte orientador de la competencia; los gastos militares en exceso de los requerimientos legítimos de la defensa; un sistema judicial corrupto y lento en sus procedimientos; la lucha por el botín en un sistema electoral a base de promesas irresponsables; todo esto, y muchos otros factores más, que llevan a los crónicos déficits presupuestarios de los que el Estado procura escapar por la vía políticamente fácil de la inflación.

En principio no tengo ninguna objeción a que el Estado pueda ser su propio agente emisor para que con la moneda de curso legal se puedan cumplir las obligaciones de los contratos. Pero la experiencia enseña que el monopolio de ese poder de emisión será abusado por los políticos para solventar sus problemas del corto plazo, a costa de los beneficios generales a largo plazo. Pero eso, a mi juicio, seria preferible que se permitiera circular otras monedas con carácter liberatorio de las obligaciones de los contratos emitidas por los bancos centrales de otros países (como hace Panamá con el dólar) o por entidades privadas (como lo hicieron los bancos, por siglos, antes de la moda generalizada de los Bancos Centrales).

Todavía mejor sería el retorno al patrón oro o a algún criterio que le pudiera ser equivalente, como canastas de divisas o de mercancías. Milton Friedmnan propone otra segunda opción (la primera también para él es el patrón oro): que la emisión de circulante no supere la tasa de aumento de la producción.

Ludwig von Mises, mucho más lógicamente radical que ninguno otro, propone que se prohiba la emisión de moneda para todos (excepto para reponer la estropeada) sobre la premisa de que la masa monetaria ideal es la que en este momentoyaexiste.

La banca central controla indirectamente el valor de la moneda y el nivel de precios; directamente, el flujo de capital líquido a los bancos del sistema tanto estatales como privados, como Banco de Bancos o Banco de redescuento. Esta es su función principal, pero debemos rehusarle el monopolio de la misma.

Una propuesta que se mencionó recientemente en Guatemala por el Dr. Joseph Keckeissen (y que ya se ha aplicado con éxito en Bolivia por el Decreto 21060) fue la de permitir la apertura de cuentas en los bancos del sistema en dólares y otras divisas fuertes, contra las cuales se pudieran hacer préstamos a tasas de interés de mercado, es decir, enteramente libres del control de la Junta Monetaria. Para evitar la desconfianza por parte de los ahorrantes hacia depósitos que pudieran ser nacionalizados súbitamente (como lo fueron en México y en Bolivia en 1982), se podría pignorar el oro de la Banca Central con una institución de prestigio internacional, como la firma de seguros Lloyd International, en Londres, como garantía contra cualquier nacionalización de sus depósitos. Esto pudiera ser acompañado por una liberación y agilización de las Bolsas de Valores que pudiera mover libremente capitales a través de nuestras fronteras, siguiendo los pasos más recientes de la Comunidad Económica Europea o de la iniciativa del presidente Bush para la América Latina

No hay que olvidar que el dinero, la moneda metálica, la banca, los seguros y los contratos fueron creaciones del mercado de las que se adueñó después el Fisco en su búsqueda incesante de medios más eficaces para llenar sus arcas.

Un último punto me queda por mencionar. Las políticas inflacionarias han sido justificadas repetidas veces con el objetivo del pleno empleo, pero su costo ha sido siempre la inestabilidad de los precios.

Quiero cerrar con una cita de uno de los hombres que más contribuyó a la inestabilidad monetaria y a su inmenso corolario de sufrimiento humano: John Maynard Keynes:

Si esto es así, tenemos prioritariamente que regresar a un marco jurídico donde el Estado nunca pueda envilecer la moneda, que es lo mismo que decir despojar legalmente de los frutos legítimos de sus esfuerzos a sus ciudadanos, vía la manipulación monetaria.

Seria el retorno a la confianza perdida, al respeto del sentido genuino de la Ley, al fin a la arbitrariedad de la fuerza y del engaño, a la auténtica justicia, sin necesidad de adjetivarla como social.

Esto es lo que llamamos un Estado de Derecho.

LA NATURALEZA DEL DINERO

Tomado del capítulo segundo del libro La rebelión de Atlas de Ayn Rand.

En el capítulo segundo, titulado La aristocracia de la violencia, dice Ayn Rand, por medio de uno de los personajes de su novela, lo que para muchos economistas es una de las más profundas disertaciones sobre la naturaleza del dinero Dice así

-¿De modo que usted cree que el dinero es el origen de todo mal? -preguntó-. ¿Ha reflexionado alguna vez en cuál es el origen del dinero? El dinero es sólo un instrumento de cambio, que no podría existir si no se produjeran géneros ni hubiera hombres capaces de crearlos. El dinero es la forma material de ese principio, según el cual quienes deseen tratar con otros, han de hacerlo por el comercio, entregando valor por valor. El dinero no es el instrumento de los plañideros, que solicitan productos con lágrimas, ni de los saqueadores que los arrebatan por la fuerza. El dinero sólo es posible gracias a quienes producen. ¿Es eso lo que usted considera culpable...?.

-Observad el dinero. El dinero es el barómetro de las virtudes de una sociedad. Cuando notéis que el comercio se efectúa, no por consentimiento de sus partes, sino por obligación, cuando veáis que, con el fin de producir, necesitáis permiso de quienes no producen nada; cuando observéis que el dinero afluye hacia quienes trafican no en géneros, sino en favores; cuando os deis cuenta de que muchos se hacen ricos por el soborno, por la presión, más que por el trabajo, y que las leyes no os protegen contra ellos, sino que, al contrario, son ellos los protegidos contra vosotros; cuando observéis como la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en sacrificio, podéis asegurar, sin temor a equivocaros, que vuestra sociedad está condenada...