Año: 34, 1992 No. 757

N.D. Esta nota es un extracto de la conferencia impartida por el Profesor Bendfeldt en el Simposio sobre Producción Animal y Conservación Ambiental Tropical, organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en marzo de 1992.

EL RIESGO ECOLOGICO

Por Juan F. Bendfeldt

El análisis del riesgo ambiental no concentra su atención en los hechos mismos de la naturaleza, pues muchas veces son más destructivos al entorno natural que las acciones de que somos capaces los hombres, sino en las consecuencias no deseadas de las acciones humanas.

Lo que el interés ambientalista legítimamente busca son las formas para reducir el riesgo de tomar decisiones cuyas consecuencias sean contaminantes o destructivas del entorno natural, cuando podrían no sedo. Es el proceso de decisiones deliberadas por el hombre el que se cuestiona, no los hechos mismos de la alteración de las condiciones del entorno.

Para resolver los conflictos provocados por el sobreconsumo y por la ausencia de incentivos para la conservación que tienen los bienes Comunales o públicos como son muchos de los elementos que asociamos al «medio ambiente», como la atmósfera o el mar es decir, para reducir el riesgo de desastre ecológico, se ha dado a la gente a escoger entre la alternativa de: a) Un sistema de decisiones centralizado, orientado por los juicios de expertos científicos pero operado por medio del poder coactivo del Estado, y b) un sistema de decisiones policéntrico, no dirigido, orientado por los juicios de la gente común, pero enmarcado dentro de un régimen de derechos de propiedad y transacciones libres.

Usualmente la escogencia se ve inducida a favor del juicio de los expertos y en contra del sentido común.

Con el colapso teórico del socialismo científico que se dio desde los años treinta, y la disolución espontánea de los Estados que lo impusieron sobre muchos pueblos, hechos históricos de los que nos ha tocado ser testigos entre 1989 y 1992, el debate económico parece haber cedida en favor de lo que se conoce como la economía de mercado. Pero, cuando se habla de ecología, paradójicamente se insiste en las viejas fórmulas de dirigismo estatal.

El primer error científico de los ecologistas al considerar las acciones humanas como paute del modelo de riesgo ambiental es no tomar en cuenta la ciencia que tiene como objeto formal de ser precisamente las acciones humanas respecto de los recursos. No es a la biología, ni a la química, ni a las tecnologías aplicadas a la tierra y a los recursos a las que corresponde orientar el análisis de fondo del riesgo ecológico. Es a la economía, que como ciencia «estudia la acción humana relacionada con la asignación de medios escasos y de uso alternativo para la consecución de fines que compiten entre sí» (Lord Robbins).

Este error conduce a un segundo, pues al presuponer que no existe un proceso racional en el uso de los recurso de la gente común, sus decisiones se tachan de irracionales. De ello concluyen los científicos que ellos sí poseen el conocimiento para tomar decisiones acertadas, y esto los conduce a un tercer error. Ese es su alianza con el poder coercitivo y coactivo del Estado.

Se olvidan que esta alianza significa restricción a la acción humana, pero más que eso. Significa violencia hecha a alguien para que actúe como lo impone quien hace la coacción. Como la violencia común no es tolerada ni soportable, de ahí su alianza con el Estado para que ésta sea «legal», y la víctima es la ley y el derecho.

Si se reconoce esta cadena de errores, partiendo por conceder al ciudadano común la capacidad de razonar y tomar decisiones deliberadas, se puede tomar otro camino para el análisis del riesgo ambiental.

Cada decisión es el resultado de un proceso racional de evaluación de costos y beneficios. En la medida en que quien decide puede incluir en su cálculo la mayor información posible sobre las consecuencias alternativas de sus actos, su decisión será más completa. En la medida en que pueda considerar todos los beneficios los incentivos y esté obligado a cubrir todos los costos los castigos, su decisión resultará en consecuencias positivas.

Ese proceso es el cálculo económico, y la «racionalidad» está en función directa de la información disponible y de los incentivos y castigos considerados. El proceso no se hace de forma aislada, sino dentro del marco social que norma las acciones. Las costumbres, la moral, el derecho y la ley son ese marco, que algunos han llamado el «metamercado». Para que operen con «racionalidad» óptima deben estar en armonía.

Aún no se alcanza el comprender que la economía de mercado no es un proceso aislado, sino tan sólo un aspecto del orden social que opera dentro de un metamercado que es la estructura del derecho. Por ello vemos que en los antiguos países socialistas se pretende imponer el mercado, planificarlo, dirigirlo, y hasta hacerlo surgir de la nada, indistintamente del orden jurídico y político que lo enmarca. Esos esfuerzos no van a llegar muy lejos.

Un caso parecido es lo que ocurre en otros Estados en donde comúnmente se asegura que se vive un sistema capitalista o de economía de mercado, y nunca se repara en el metamercado dentro del cual la actividad económica se desenvuelve. Tal es el caso de los países de América Latina.

Sin embargo, como no se reconocen las instituciones completas del sistema económico (ej. metamercado y el mercado), frecuentemente nos encontramos que el fracaso en la utilización de los recursos, así como sus consecuencias (la contaminación del ambiente, la depredación y la destrucción de especies biológicas, y el desperdicio o mal uso de los recursos no-renovables) se le achacan al sistema capitalista como si estuviera presente.

El segundo camino concentra su atención en los procesos de decisiones económicas, en la presencia de los incentivos que mueven a la acción en la dirección deseada, y en el respeto al derecho.

Para salvar las selvas tropicales y los bosques húmedos de América Latina muchas organizaciones, como Greenpeace International, han promovido costosas campañas que denuncian a las empresas madereras que han saqueado los bosques para enviar la madera a los países industrializados, y a las multinacionales que talan los árboles para hacer papel sanitario. Lo que proponen es eliminar las actividades que se asocian a la economía de mercado, y congelar esos recursos o entregarlos al manejo «racional» de organismos estatales.

Es cierto que existen problemas de deforestaciones terribles, y es cierto que hay empresas y actividades mercantiles involucradas. Lo que no es cierto esque sea el sistema de la economía de mercado, como sistema, en donde deben recaer las responsabilidades del mal uso de los recursos, pues éste virtualmente no está presente.

Muchos científicos ambientalistas creen saber, o que es posible saber de antemano, cuál es el óptimo de esa utilización. Más aún, buscan un «balance ecológico», es decir, un sistema estable de relaciones dinámicas dentro del eco-sistema. ¿Qué certeza tienen de estar en lo correcto? ¿Puede determinarse con certeza en dónde está y cómo lograr el equilibrio ecológico? Con escepticismo se observa la retórica recalcitrante, y hasta arrogante, de esos ambientalistas que con sus prejuicios contra la libertad y el raciocinio del hombre sencillo evidencian su ignorancia de las ciencias sociales.

Con cierto optimismo, de ese conocimiento se concluye que el ciudadano más sencillo puede tomar decisiones acertadas si está presente la información suficiente y el sistema de incentivos apropiado. Con humildad se reconoce que el sistema ecológico, del que toda la economía forma parte integral como esencia del orden social de la especie humana, es un fenómeno complejo que apenas comenzamos a vislumbrar.

La presencia de un marco de derechos de propiedad, y del Estado de Derecho que permite definirlos bien, asegurados o protegerlos, y que éstos sean plenamente transferibles o transables, es lo que asegura un mayor grado de acierto en las decisiones económicas. Su ausencia virtualmente garantiza que, a pesar de que haya transacciones y producción, el grado de error es mayor. Elriesgo ambiental se ha incrementado.

Una revisión somera al estado de cosas en este respecto nos presenta un subcontinente subdesarrollado institucionalmente. Esto impide que las estructuras jurídicas del derecho de propiedad sirvan de marco efectivo a las reclamaciones de daños y perjuicios que permitirían restaurar el medio ambiente deteriorado. Nos presenta además, un régimen de propiedad escasamente desarrollado, pues prevalecen los sistemas primitivos de tierras comunales en grandes extensiones, sobretodo en las zonas indígenas; hay también tierras colectivas bajo todas las formas derivadas de los experimentos de reforma agraria. El mayor «propietario» de áreas baldías y de reservas territoriales es el Estado. Incluso en aquellos países en se asegura que existen extensos regímenes de propiedad privada, resulta que todo el subsuelo es del Estado, las aguas subterráneas son del Estado, los bosques son del Estado indistintamente de en qué tierras se encuentren.

Al no existir derechos de propiedad sobre las aguas de los lagos y ríos, acuíferos subterráneos y aguas alumbradas, tales recursos que son bienes del Estado, son tratados como los «pastos comunales» de la famosa «Paradoja de Hardin» (Ver Tópicos de Actualidad Nos. 736 y 737). En ese sistema las reglas permiten que todos puedan tomar lo que deseen, sin limites; que todos puedan utilizar los recursos para fines incompatibles entre sí y nadie pueda reclamar, como son los desagües y el riego. El abuso y la falta de incentivos al cuidado de los bienes comunales conduce al desastre ecológico.

El grado de deterioro ambiental aumenta cuando nos damos cuenta de que muchos de los recursos naturales son considerados bienes públicos. Además, al dueño nominal que si el Estado, se le han atribuido funciones incompatibles. Por ejemplo, le asignamos el cuidado de los ríos y lagos para su preservación, y al mismo tiempo le asignamos las obligaciones de saneamiento municipal. Le asignamos la construcción de presas hidroeléctricas y al mismo tiempo exigimos que no disturbe el paisaje natural.

Si existieran servicios públicos privados el arbitraje a favor de la preservación del río como un ecosistema sería más efectivo. Esto también delata la naturaleza política de los juicios del Estado, aunque se disfracen de cientificismo. No es sino hasta que el ambientalismo se convierte en una corriente política interna, o en una presión política internacional, que el sistema político reacciona. En última instancia no tiene nada que ver ni la ecología ni la ciencia, sino la pugna por el control de los recursos.

Indistintamente de hacia qué lado se incline el Estado, si hacia la construcción de presas o a la preservación de las truchas, está además la cuestión va resuelta de la ineficacia administrativa de la burocracia. Al Estado le hemos entregado la propiedad de los recursos hidroeléctricos, y el monopolio de la comercialización de la electricidad. Como resultado, la hidroelectricidad permanece subdesarrollada e innecesariamente se consumen combustibles fósiles y se contamina el ambiente. La electricidad que hay es muy cara y estimula aún el consumo de leña. ¿Cuántos bosques no serían preservados si la electricidad fuera más barata, más abundante y mejor distribuida? Los derechos privados para la comercialización eléctrica atenuarían estos problemas.

La inexistencia de derechos plenos de propiedad que priva sobre grandes extensiones de tierra es lo que estimula los métodos primitivos de corte y quema, y abandono de la tierra agotada. No es secreto que en Guatemala se producen grandes nubes contaminantes todos los años, que flotan durante mucho tiempo alrededor del globo. Esa misma falta de visión por el largo plazo que caracteriza al campesino invasor, comunero o arrendador, derivada de la simple posesión precaria, estimula la selección de cultivos rentables anuales, en lugar de interesarle por proteger los bosques, o sustituir los bosques naturales por trabajos de silvicultura. Antes se prefería el maíz y el frijol, hoy se prefiere la amapola y la marihuana. Si los campesinos fueran verdaderos dueños los veríamos interesados en proteger sus tierras y las aguas que las alimentan. Si además estuvieran conectados a una economía de mercado más amplia, con mejores comunicaciones, sembrarían hasta caobas deseadas en Inglaterra y no alimentos de subsistencia necesarios por su aislamiento.

¿Y el mar, nuestra última frontera del planeta? Con la nueva Ley del Mar garantizamos que el surgimiento de derechos privados sea imposible, declarándolo un gran bien colectivo. Las aguas territoriales son bienes del Estado, bajo su manejo; y más allá son de una «empresa» de las Naciones Unidas.

Si a este vacío le sumamos la naturaleza del Estado que hemos heredado de las instituciones medievales castellanas y del mercantilismo colonial español, nos encontramos que la búsqueda de soluciones en las instancias políticas y en el poder público no llegan muy lejos. Tenemos un Estado dirigista, interventor, abusivo, y que arrebata cuando encuentra cualquier justificación. Estamos tan alejados de un Estado de Derecho que los señalamientos en tal sentido son de todos los días.

El Estado, que justifica sus intervenciones con las opiniones de expertos, produce los más grotescos contrasentidos. Nos quejamos de las grandes áreas deforestadas y erosionadas del altiplano guatemalteco, en donde los indígenas siembran granos básicos, pero sobre todo trigo. Lo que convendría es que dejaran de hacerlo y buscaran productos de horticultura, o silvicultura. El mismo Estado encargado de evitar la erosión, la promueve al pagar precios altos de garantía para la siembra de productos anti-económicos. Subsidia el trigo, sus fertilizantes, sus equipos mecánicos, da créditos subsidiados y asistencia técnica gratuita. Esos son ejemplos de lo que algunos han llamado «planificación económica», y la califican de «racional». Al mismo tiempo se desprecian las decisiones del ciudadano ordinario bajo el supuesto de que libremente, es decir, sin interferencias, no podría tomar decisiones más sabias.

Este es un punto teórico importante de laciencia económica y de la acción humana dentro del sistema ecológico. En ausencia de derechos de propiedad sobre los bienes económicos, los recursos o los bienes de la producción, el cálculo económico el buen juicio en el uso de los recursos no puede hacerse.

Si este punto se llega a comprender, en lugar de achacarle los males ambientales al mercado como sistema, debemos buscar la forma de mejorar el metamercado dentro del cual opera.

Los derechos de propiedad, y el mercado como el proceso en el cual se transan y comercian tales derechos, es un medio para lograr alcanzar las metas deseadas de legar un entorno natural sano, y un mejor medio ambiente para nuestros hijos.

Porque no lo hemos comprendido, las leyes de protección ambiental que hemos venido adoptando en tiempos recientes han aumentado el riesgo ecológico al interferir el funcionamiento de la economía de mercado con mandatos burocráticos pseudo-científicos, y cuyo casto es el debilitamiento de un Estado de Derecho.

«La libertad económica es la contrapartida de la libertad política y sólo cuando ellas se funden en una unidad, como el anverso y el reverso de una moneda, son operativas y genuinas. Ninguna dictadura puede ser realmente «liberal» en materia económica, porque el principio básico de esta filosofía es que no es al poder político sino a los ciudadanos independientes y soberanos a quienes corresponde tomar las iniciativas los esfuerzos y los sacrificios encaminadas a decidir el tipo de sociedad en la que van a vivir. La función del poder político es garantizar unas reglas de juego tales que aquellas iniciativas puedan ser tomadas de manera equitativa y libre».

MARIO VARGAS LLOSA

Prólogo EL OTRO SENDERO