Año: 44, Enero 2002 No. 887

Nota del editor: Mary O Grady es editora de la columna "Americas" del Wall Street Journal. Esta es la primera parte de un articulo tomado del libro "2002 Índice de Libertad Económica", Copyright (C) 2002 de The Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc., http://www.heritage.org/index. Reproducido con autorización.

Demasiadas promesas:

Cómo las constituciones de América Latina debilitan el estado de derecho

Mary Anastasia OGrady

El año pasado, los defensores de la libertad de los pueblos y los mercados en América Latina sufrieron una serie de reveses, pero pocos fueron más ilustrativos que el retorno político de Alan García en Perú. García, una figura prominente del partido izquierdista peruano APRA, fue presidente del país desde 1985 hasta 1990. Durante ese período, Perú se derrumbó. Los desenfrenados gastos del gobierno de García dejaron al banco central peruano imprimiendo sin tregua la moneda local, el inti, para saldar las cuentas. La secuela fue una espiral hiperinflacionaria: en 1991, según el HSBC, la inflación superó el 7.000 por ciento y en algunos meses contribuyó a que el total anual estuviera por sobre el 10.000 por ciento. Mientras tanto, Perú sucumbió al terror del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso, al cual el presidente García parecía incapaz de contener.

Si bien la anarquía y la acentuación de la pobreza se podrían atribuir a una simple incompetencia, también ha habido cargos de corrupción incontrolable. Perú era literalmente un caso perdido, en todo sentido, cuando finalmente el presidente García abandonó deshonrosamente su mandato (y su país) en 1990 y Alberto Fujimori asumió el poder. La deprimente presidencia de García debería haberlo excluido de la política para siempre. Sin embargo, en la primavera de 2001, regresó de su exilio voluntario en Colombia para presentar su candidatura presidencial.

Los peruanos que recordaban su desastroso gobierno también evocaban su magnética personalidad y su descaro y no se sorprendieron por su regreso. Lo que sí causó asombro, tanto dentro como fuera de Perú, fue el éxito de García en la primera ronda de votación. Reunió suficientes votos como para ingresar a la ronda final. Aunque en la segunda ronda fue derrotado por un escaso margen, su victoria inminente resulta sorprendente y desconcertante.

El retorno de García a la popularidad (edificado, como antes, sobre recetas socialistas para enriquecer a los peruanos) es desalentador para los defensores de la libertad. No obstante, a la vez brinda una oportunidad para analizar la democracia en América Latina con mayor profundidad. Si la libertad es buena para la prosperidad... ¿por qué miles de peruanos pobres, quienes en su vida cotidiana tienen un fuerte impulso empresarial, votarían por restringirla? Si se considera el deterioro general de la mayoría de las economías latinoamericanas durante los últimos 50 años, y la clara evidencia de la relación entre las economías de mercado y el desarrollo, parecería haber algo irracional en que los votantes elijan el socialismo (un modelo fracasado que corrompe y tiende a oprimir a los pueblos) en vez del mercado libre. ¿Cómo debemos entender a los latinoamericanos pobres, quienes, como votantes en sus países se aferran a sentimientos adversos al mercado si, cuando parten masivamente hacia Estados Unidos, están optando por menos gobierno a favor de mayor oportunidad? Si los votantes son racionales, debe existir otra razón de fondo.

El intento latinoamericano de reforma durante la última década ha demostrado que los esfuerzos para ajustar la economía sin limitar las facultades del gobierno equivalen a trabajar en el motor de un auto que no tiene ruedas.

A mi entender, la respuesta a este misterio se encuentra en la práctica generalizada en América Latina de otorgar plenos poderes al gobierno mediante la constitución. El intento latinoamericano de reforma durante la última década ha demostrado que los esfuerzos para ajustar la economía sin limitar las facultades del gobierno equivalen a trabajar en el motor de un auto que no tiene ruedas.

Una mirada a marzo pasado: El fenómeno García

El grito de batalla que García utilizó en el año 2001 contra el neoliberalismo hizo vibrar a una enorme proporción del electorado peruano joven.

Durante la campaña, el candidato admitió que muchas de sus tempanas visiones de socialismo utópico no podían concretarse en la realidad. Aún así, prometió que podía traer una nueva prosperidad a los peruanos con un Estado vigorizado y benévolo como proveedor. No fue una sugerencia original. El fenómeno García en Perú se ha repetido en toda América Latina este año. Si bien la región no está peor de lo que estuvo durante el estancamiento hiperinflacionario de la década perdida del 80, cunde la decepción y, por lo tanto, la situación es propicia para oportunistas como García. El sandinista Daniel Ortega, por ejemplo, quien dirigió Nicaragua como vencedor militar después de Somoza pero luego fue expulsado de la ciudad por los votantes nicaragüenses, recientemente fue uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de noviembre. En El Salvador, el FMLN, un partido político de ex guerrilleros, está ganando popularidad.

Otros líderes de izquierda, aparentemente aniquilados por el fracaso del colectivismo, han visto resurgir su popularidad este año. Luiz Ignacio Lula da Silva en Brasil y Horacio Serpa en Colombia, ambos conocidos veteranos de izquierda y más populares que lo que sus antecedentes harían suponer, son otros dos ejemplos del renacimiento de los políticos izquierdistas. En Argentina, Raúl Alfonsín, un ex presidente de izquierda quien estuvo al mando durante la hiperinflación argentina y dejó el poder antes de que concluyera su mandato porque consideraba ingobernable al país, ha resurgido como una importante influencia en la presidencia de Fernando de la Rúa. En Venezuela, Hugo Chávez, ha hecho alarde de su admiración por Fidel Castro y Mao Tse-tung, su hostilidad al mercado y su creencia en las soluciones militares para los problemas nacionales.

En América Latina, la combinación del gobierno de la mayoría con el poder ilimitado del gobierno conspira para generar un círculo vicioso de promesas populistas seguido por un liderazgo corrupto y decepcionante.

Podría decirse que unos pocos países latinoamericanos ganaron poco al liberar los recursos económicos, proteger los derechos de propiedad y frenar los ambiciosos avances del gobierno durante los últimos años. Sin embargo, la gran mayoría de los países donde la liberalización ha progresado en forma continua parece haber encontrado barreras que amenazan con revertir los modestos beneficios obtenidos en la década anterior. Algunos ya han retrocedido.

Culpemos a la ley

El estrepitoso regreso de Alan García a la escena política en el año 2001 ha lanzado a los expertos regionales a proclamar el final del liberalismo en Perú y, por extensión, en toda América Latina. Ha surgido una plétora de explicaciones, incluyendo afirmaciones de que los latinoamericanos masivamente rechazan la libertad económica. Los expertos en el campo de la cultura sostienen la teoría de que los valores de los latinoamericanos (debido a sus raíces católicas romanas y tribales indígenas) están en conflicto con la noción de libertad individual. Se nos dice que los latinos son colectivistas y que desean que el gobierno los proteja del capitalismo salvaje. Así las cosas, qué clase de transformación sufren al llegar a EE.UU. como inmigrantes rebosantes de bríos empresariales jamás se ha explicado.

Es indudable que la amenaza de un vuelco hacia la izquierda en América Latina es real. Aunque la militarización que Hugo Chávez implementó en el gobierno civil de Venezuela sigue siendo una excepción hasta ahora, los resultados de las elecciones de este año indican que los ideales de la izquierda vuelven a estar de moda. Esto implica, no obstante, que los latinoamericanos están en contra de la libertad, y no hay evidencias que sugieran que el electorado de América Latina se considere a sí mismo demasiado libre. En Perú, por ejemplo (un país con un mercado informal floreciente debido al carácter opresivo de las regulaciones gubernamentales) es difícil desarrollar un argumento convincente que sostenga que el deseo de los votantes es un aumento de la intervención del gobierno en sus asuntos económicos.

Es...probable que la resurrección de la carrera política de [el ex presidente Alan] García haya sido simplemente una respuesta sumamente racional a los incentivos expuestos en la constitución peruana, que designan al gobierno como el asesino de las desigualdades legales o económicas.

Es mucho más probable que la resurrección de la carrera política del Sr. García haya sido simplemente una respuesta sumamente racional a los incentivos expuestos en la constitución peruana, que designan al gobierno como el asesino de las desigualdades legales o económicas. Frente al desequilibrio generado por un gobierno con plenos poderes (incluso cuando muchos ignoran la identidad del culpable) quienes se hallan privados de sus derechos económicos votan por aquellos que prometen utilizar su poder para corregir tantas injusticias. Sin embargo, el resultado es contrario a la intuición, porque el gobierno a quien se ha encomendado garantizar el igualitarismo, tiene facultades supremas sobre el individuo. Esto origina dos consecuencias negativas. La primera es que el gobierno, siempre que lo considere oportuno, puede anular las libertades individuales por el bien de la nación. En otras palabras, el gobierno tiene facultades ilimitadas para hacer lo que considere necesario en pos del bien público.

Tanto poder implica que la democracia en Perú, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, se define casi exclusivamente como un gobierno de la mayoría, o un gobierno en el cual la mayoría que gana tiene capacidad para oprimir la libertad individual y derechos de la minoría que pierde, con lo cual deja de ser representativo del país en general. La segunda consecuencia negativa es que esas tremendas facultades también invitan a la corrupción y a la concesión de privilegios especiales y, por lo tanto, crean mayor desigualdad.

En las encuestas, las actuales democracias latinoamericanas demuestran un alto índice de participación, aunque la pobreza, el privilegio y la corrupción siguen predominando. El sufragio universal en sí mismo no ha podido producir lo que realmente se necesita: igualdad bajo la ley.

En América Latina, la combinación del gobierno de la mayoría con el poder ilimitado del gobierno conspira para generar un círculo vicioso de promesas populistas seguido por un liderazgo corrupto y decepcionante. Los líderes electos poseen las facultades (incluso la responsabilidad bajo la ley) de transferir la riqueza arbitrariamente, y resulta natural que los votantes elijan a quienes les prometen las transferencias más generosas. El patrón se repite constantemente a pesar de la fuerte evidencia que indica que la transferencia de riqueza no puede producir prosperidad sino que de hecho destruye la riqueza ahuyentando a la inversión y desalentando la toma de riesgos mientras que a la vez fomenta la corrupción.

Las instituciones sanas, que podrían restringir al gobierno aplicando controles y buscando un equilibrio, no pueden desarrollarse en esas condiciones ya que los líderes electos no están interesados en limitar su propio poder. Por lo tanto, cada reforma de la constitución acrecienta las facultades de los políticos, quienes cuentan con sus propios incentivos para retener su poder de transferir la riqueza.

Economía del desarrollo y ley

Desde el punto de vista cultural, no hay ningún rasgo exclusivo en las disfuncionales democracias latinoamericanas. De hecho, Frederic Bastiat, el famoso economista, estadista y autor francés del siglo XIX, describió con profética visión la América Latina actual y los desastrosos efectos de lo que llamó La mortal idea del saqueo legal en su libro La Ley, publicado por primera vez en 1850.

El mejor aliciente para la reforma gubernamental es el comercio abierto. En un ámbito de apertura comercial, los gobiernos también deben competir, y esto implica que deben cercenar sus instintos intervencionistas.

Bajo la fachada de organización, regulación, protección o fomento, la ley se adueña de la propiedad de una persona y se la asigna a otra; la ley absorbe la riqueza de todos y la destina a unos pocos: sean éstos granjeros, fabricantes, armadores, artistas o comediantes. En estas circunstancias, entonces, lógicamente cada clase aspirará a apoderarse de la ley. Habiendo padecido las consecuencias de que tanto privilegio se destinara a sólo unos pocos, las clases excluidas, señala Bastiat, se rebelarán, argumentando que:

parte de los impuestos que pagamos se destinan por ley (en privilegios y subsidios) a personas más ricas que nosotros. Otros utilizan la ley para aumentar los precios del pan, la carne, el hierro o la indumentaria. Por lo tanto, dado que todos usan la ley para beneficio propio, nosotros también deseamos utilizarla para beneficio nuestro. Exigimos que la ley nos otorgue el derecho a la ayuda, que es el saqueo del pobre. Para obtener este derecho deberíamos ser votantes y legisladores con el propósito de poder organizar la Mendicidad en gran escala para nuestra propia clase, de la misma forma en que ustedes han organizado la Protección en gran escala para la suya. Tenemos otras demandas. Además, de todos modos, deseamos negociar por nuestra cuenta como lo han hecho las demás clases.

Sin duda, la descripción de Bastiat delinea admirablemente lo que ocurriría en América Latina. El privilegio otorgado a una minoría incentivó a muchos a reclamar prerrogativas para sí. Con el tiempo, el sistema de ayuda social no sólo ya no podía auto financiarse, sino que (lo que es quizás más importante) el concepto subyacente de que el éxito dependía de obtener privilegios, más que de verdaderamente producir riqueza, socavó los incentivos más básicos requeridos para hacer surgir personas dispuestas a correr riesgos y atraer capital. Este fenómeno se repite en todo el mundo, pero en América Latina está institucionalizado.


El político que tratase de dirigir a los hombres en el modo como deben emplear sus capitales, no sólo se cargaría a sí mismo con una función totalmente innecesaria, sino que asumiría una autoridad que no puede ser confiada con seguridad a ningún consejo ni senado, y que en ninguna parte sería tan peligrosa como en las manos de un hombre que tuviese la locura y la presunción suficientes para imaginar que era capaz de ejercerlas.

Adam Smith