Año XLVIII Mayo de 2007 No. 952

Nota del Editor: Pedro Trujillo es director y catedrático del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín.

Pedro Trujillo
La CICIG: Investigación paralela de los poderes paralelos

El dos de agosto de 2007, de urgencia nacional, se aprobó en el Congreso de la República el acuerdo entre la organización de Naciones Unidas y el Gobierno relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Sobre el tema mucho se ha escrito, y es presumible que se continúe haciendo. Hay quien, visceralmente, ha desechado tal comisión como teórica solución a los problemas del país. Muchos, de la misma forma y modo, han justificado la necesidad de establecerla, acusando a aquellos otros que no lo desean de querer encubrir el crimen o estar al lado de la violencia o de la impunidad. Otros, han optado por hacer reflexiones de corte jurídicopolítico y han rechazado la idea por inconstitucional, a pesar de que el tribunal constitucional, en una sentencia de lectura sofisticada, admita la comisión y no le vea más reparos que los que la propia sentencia determina. Por último, algunos más, sin argumentos ni recursos, gritan a favor o en contra de la misma, desde grupos de la "sociedad civil representativa". En todo este proceso, da la sensación que, lo que menos ha imperado, ha sido la cordura, la reflexión seria y la racionalidad, además de la voluntad de realmente querer arreglar las cosas, último fin que se debería estar buscando.

Es necesario dejar sentado, desde el principio, que los habitantes de este país (de cualquier país), desean una sociedad en paz, sin violencia, sin criminalidad, donde impere el Estado de Derecho y la libertad de los individuos sea un hecho patente. Ese es el marco político-social que cualquier persona de bien quiere para su país. Nadie, salvo los criminales y corruptos, persiguen un espacio diferente donde nada de lo anterior se de. Presuponemos que no es este último el espacio ni de los que apoyan a la CICIG, ni de quienes están en contra. Hay razones para suponer que todos, de buena fe, deseamos un mejor país, donde la violencia, la corrupción y el crimen organizado, pasen a los anales de la historia. Con ello se pretende descartar la tesis de aquellos que propugnaban por la CICIG y acusaban a quienes estábamos en contra de estar a favor de la impunidad. Nada más falso, falaz, descabellado y oportunista.

Con este panorama previo, es fundamental reflexionar seriamente sobre la famosa comisión. De entrada, los economistas, desde Peter Bauer hasta William Easterly, demuestran que la ayuda externa, al contrario de sus intenciones, ha perpetuado la pobreza en el África, en América Latina y en otros lados. No existe un solo ejemplo de un país pobre que haya prosperado gracias a la ayuda externa. Así que no es cierto que cualquier ayuda sea buena. Todos necesitamos ayuda en algún momento, pero como dice el refrán: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. El tema es que no podemos basar nuestras esperanzas de futuro y construcción de institucionalidad en la ayuda externa por muchas razones, esencialmente, porque terminamos, como ya ha comenzado a verse en nuestro país, estableciendo una dependencia de la cooperación internacional. El rescate del país para desarrollar valores y, para ello, contamos con suficientes capacidades. El único obstáculo que impide el progreso somos nosotros mismos y una insuficiente voluntad de cambio.

La razón más destacada en relación con el rechazo de la ayuda internacional se sustenta en que, desde 1996, los indicadores, económicos, políticos, sociales y de desarrollo en Guatemala no han ofrecido resultados de mejora, a pesar de aquella y de haber tenido una misión de Naciones Unidas por años (MINUGUA). El índice de libertad económica (heritage foundation) ofrece un puntaje de 63.2 en 1996, frente a uno 61.2 en 2007 (de un máximo de 100). El de libertad política (freedom house) nos sigue presentando como un país parcialmente libre, sin que hayamos, tampoco, mejorado la clasificación con los años. En lo que respecta a la percepción de corrupción (transparency international), en 2001, se nos situaba en el puesto 65 con un índice de 2.9 y, en el 2007, pasamos a ocupar el puesto 111 con un índice reducido a 2,6. La media ponderada del doing business pasa de 293.4 en 2055 a 291.7 en 2006. El índice de competitividad global (world economic forum) ofrece los siguientes datos: 2004, puesto 80, 2005 el 95 y 2006 subimos a 75. El índice de gobernabilidad (banco mundial) refleja un valor negativo de -0.7094 en 1996 que se repite en 2005 (-0.7058). El índice de desarrollo humano (PNUD) descendio del puesto 108 en 2001 al puesto 118 en 2006. Por último, aunque se podría seguir con la comparación, el número de homicidios (datos de prensa escrita) de 1996 eran de 3.619, mientras que en 2005, la cifra se incrementó hasta los 5.338.

Ninguna mejoría apreciable ocurrió en esa década (1995-2005) porque, insisto, la clave no está en diagnosticar la situación, que es lo que terminan haciendo, en el mejor de los casos, las comisiones y asesorías internacionales, sino en modificar patrones de conducta nacionales y comportamientos humanos que, cuando se violan, generan sentimientos de preocupación y vergüenza. Esto último no es un tema de ayuda internacional, sino de profunda reflexión nacional. "Salir de la pobreza... no requiere de la formación de capital a gran escala. Requiere cambios en actitudes y costumbres adversas a la mejoría material, disposición de producir para el mercado en vez de la subsistencia, y la búsqueda de políticas gubernamentales apropiadas. Mucha de la formación de capital no es una precondición del avance material, sino su consecuencia" (Bauer 1981: 248).

Ahondando más en la temática, el también premio nobel de economía Joseph Stiglitz señala, en relación con la ayuda internacional, que es como: utilizar un lanzallamas para quitar la pintura en mal estado de una puerta y lamentarse luego de no poder volver a pintarla con el pretexto de que quedó reducida a cenizas[1]. La República del Congo, Sierra Leona, Haití, Guinea Bissau, por ejemplo, que gozaron de ayuda internacional a gran escala, son estados en quiebra. La razón no solo fue la dilapidación de recursos por mafias locales instauradas en el poder, sino que mientras la ayuda llegaba muy disminuida a lugares recónditos o se utilizaba para hacer funcionar organizaciones, se olvidaba la construcción de la necesaria institucionalidad que hubiera permitido hacer arrancar al país y ponerlo en marcha.

Los ejemplos anteriores son suficientes para centrar el problema. En todo aquel espacio de tiempo tuvimos ayuda de Naciones Unidas a través de MINUGUA, apoyo de la Comunidad Europea en la formación de la Policía Nacional Civil (PNC), asesorías varias en el Ministerio Público y en el sistema judicial, capacitación para la formación de gestores públicos en múltiples y variados cursos en universidades europeas, norteamericanas y sudamericanas y, en fin, una ingente cantidad de ayuda económica y en proyectos y programas que, supuestamente, deberían haber incidido en alguno o todos de esos índices u otros que, como indiqué, podríamos seguir evidenciando. Nada de eso ocurrió, y no fue por falta de ayuda y colaboración. Algunos países como Holanda y Suecia, además de Canadá, devengaron enormes sumas de dinero para realizar estudios, proyectos, investigaciones y un largo etcétera de actividades que, teóricamente, deberían haber modificado al alza las cifras planteadas. Y es que, a ciertos países donantes les termina preocupando más la cantidad a donar que el resultado de las actuaciones concretas producto, en parte, del electorado al que se deben que les reclama "inversiones" en ese rubro cercanas al 0.7% del PIB y, por otra parte, porque es muy probable que les sirva para tranquilizar sus propias conciencias.

En muchas ocasiones, esas ayudas fueron derivadas a organizaciones fundadas o en las que militan, laboran o colaboran líderes que han promovido la CICIG y que en algún momento formaron parte de aquellas otras estructuras internacionales que no consiguieron modificar al alza las cifras y porcentajes antes expuestos. Se puede decir que al igual que la ayuda externa ha servido, en gran parte, para incrementar la riqueza de los gobernantes corruptos de países en vías de desarrollo, la ayuda internacional en la implementación de instituciones o comisiones que apoyen ciertos aspectos en países ubicados en la misma zona de desarrollo, ha permitido que líderes de determinados grupos de poder o presión tengan sus espacios de trabajo y sus tribunas políticas desde las que enviar mensajes a través de prensa u organizaciones internacionales, generando opiniones que en nada o muy poco se parecen a la realidad del país o lugar en el que se ubican y sí sirven a intereses personales o de grupo. Si la ayuda económica, en palabra de Johan Norberg, ha consistido en una transferencia de dinero de la población pobre de los países ricos a la población rica de los países pobres, este otro tipo de ayuda a través de comisiones, sirve como trasvase de recursos de países ricos a grupos de interés que los gestionan en su propio beneficio, sin una incidencia real en el país al que, supuestamente, pretenden mejorar. Es conveniente, en esta sencilla reflexión, abordar alguno de los conceptos que se incluyen en el acuerdo mencionado. Da la impresión que ha habido un sutil y embaucador manejo del lenguaje concibiendo expectativas que en poco o nada se parecen al fondo de la cuestión que nos ocupa.

La idea proyectada a la población es que se pretende emprender una lucha contra los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, lo que genera buena predisposición y hasta una especie de "aceptación mental" de la idea y propuesta, especialmente en un país con elevados índices de inseguridad y  delincuencia. Pero, cuando nos fijamos en lo que las partes signatarias entienden por estos cuerpos ilegales, observamos que tienen tres características:

Rápidamente podemos obtener, al menos, dos conclusiones al respecto. La primera, es que no existe una relación conceptual, semántica y de lógica descriptiva entre la noción cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y la definición que se hace de los mismos. En ningún lugar del artículo que incluyen la misma aparecen los conceptos "cuerpos", "aparatos", "clandestinos" ni "seguridad", lo que hace que la percepción del lector que no profundiza en la lectura, quede alterada por el impacto positivo del vocablo que señala a quienes se perseguirán y la realidad de los que realmente pueden ser perseguidos, que no se corresponde, en absoluto, con aquella otra. La segunda es que cualquier delito que sea cometido por dos o más personas, puede ser perseguido. Hay una importante dicotomía entre lo presentado como "mal a perseguir" y aquello que realmente se quiere hacer y que queda patente en la definición concreta incluida en el acuerdo. Lo más importante y el fondo del tema radica en que el gobierno de turno, con apoyo del Congreso, ha delegado el ejercicio de la función pública y renunciado al ejercicio efectivo de la misma. La razón indiscutible del Estado de prestar justicia y seguridad, se cede a una organización que, según declaraciones a la prensa de altos cargos gubernamentales, comenzará investigando la PNC, seguirá por el poder judicial, analizará el Ejército y terminará, si eso ocurre, en el Congreso. Es decir, hay un explicito reconocimiento de la incapacidad de depurar, a pesar de haber estado gobernando durante cerca de cuatro años, esas y otras instituciones. El poder legalmente constituido reconoce estar infiltrado, copado por corruptos que no puede procesar y necesita que otros lo hagan por él. En un sistema democrático, está inacción en el ejercicio del poder se soluciona a través de la dimisión, por incapacidad, de la cúpula gobernante y el recambio de las personas y de las estructuras que no funcionan, además de buscar las correspondientes responsabilidades de corte administrativo o penal. Aquí, lo que ha ocurrido es que lejos de adoptar la solución anterior, se ha construido un muro para parapetar la inoperancia política y, lo que es peor e incluso puede ser delictivo, la omisión. No se ha actuado por miedo, ignorancia, incapacidad, falta de valor o decisión o cualquier otra razón, pero no se ha actuado y eso está penado en los códigos vigentes, además de ser política y humanamente inadmisible.

Al aprobar la CICIG, además con carácter de urgencia, se está transmitiendo la idea de que la gestión de gobierno ha fracasado estrepitosamente. No somos el último país en el índice de estados fallidos, ni en el de libertad económica, ni en otros similares, sin embargo si somos el único país del mundo que tiene una comisión internacional de este tipo. Somos la vergüenza, y no el ejemplo internacional a seguir.

Quiérase o no, todo este embrollo tendrá una repercusión internacional importante. Los capitales, nacionales o extranjeros, los inversores, locales o foráneos, decidirán elegir otro lugar donde las condiciones sean mejores. Es muy posible que, en estos momentos, se estén buscando soluciones de urgencia a empresas o proyectos que tenían el país como destino. Nadie estará dispuesto a correr más riesgos de los ya existentes en un lugar donde el gobierno se rinde ante la presión internacional y el pseudoliderazgo de los denominados grupos de la sociedad civil, reuniones de amigos insignificativamente representativos de la sociedad guatemalteca que, a través del manejo mediático y la supervivencia en este mundo de ONG,s financian capitales extranjeros interesados y terminan por proyectar fuera de nuestras fronteras una visión interesada de la situación social y política del momento. Muchos de ellos son los mismos que hace algo más de diez años dieron acogida a los Acuerdos de Paz y MINUGUA, promovieron los postulados de aquel otro pacto, redujeron el ejército a cifras ridículas sin un planteamiento estratégico más allá de la ocurrencia del momento o la venganza, conformaron una PNC según parámetros que ellos mismos confeccionaron o ayudaron a implementar directamente o con asesores de su influencia, hicieron desaparecer los servicios de inteligencia o crearon agencias donde frecuentemente cambian al director y funcionarios y, hoy, se pronuncian en permanente queja sobre lo mal que está el país "gracias" a lo que ellos mismos negociaron, propugnaron e implementaron. Por cierto, y como añadido, muchos de ellos, incluso sin ser funcionarios públicos, absorben una importante cantidad de elementos de policía nacional en su propia protección personal, en detrimento del servicio público que aquellos deberían estar prestando. Se nota que, la inseguridad que pretenden combatir, no es igual para todos. Lo que no quieren admitir y ocultan en sus intervenciones, es que, además de ser culpables de todo o parte de este embrollo y situación, perderemos otra década, la que nos vamos a tener que tomar para descubrir que la CICIG tampoco sirve para nada, aunque para ello hayamos tenido que sacrificar las libertades de las personas y, muy especialmente, la del sector juvenil de quienes miran más al futuro que al pasado, eso que les permite a aquellos seguir viviendo del odio, de la violencia que nunca superaron, de los estudios destructivos y sesgados y, sobre todo, de la mediocridad de sus propias vidas.

A todo este grupo de personas que viven en el sistema, ya perpetuado y casi consolidado, no les importa el país: es mentira cuando afirman lo contrario. Necesitan de la confrontación, de la violencia y de las estructuras paralelas internacionales para poder seguir sumergidos en ese mundo de los informes inútiles, las publicaciones innecesarias y poco legibles y las reuniones y asociaciones que, en lugar de buscar la luz en el horizonte del futuro, continúan alumbrando el pasado como si de un referente único de vida se tratase. No se han dado cuenta que a la juventud del presente todo aquello ni les suena, ni le interesa y mucho menos le conviene ya que tienen puesta su mirada y esperanzas más en el horizonte del futuro prometedor que en el pasado confrontativo y en la inseguridad actual. No se trata de olvidar, pero sí de superar. De aceptar esa propuesta, para aquellos "trabajadores de lo internacional", sería su propio suicido. Posiblemente lo mejor es que la CICIG comenzase por investigar cuanto de poder paralelo existe en ese tipo de comportamientos y conductas y como afecta negativamente al país e incluso impide su despegue y progreso. Es muy posible que pudiésemos ver toda la gestión oscura que mueve estos procesos, fuera de los parámetros del juego político y sujetas a intereses maquiavélicos, poniéndose de manifiesto, de salir a la luz, la falta de legitimidad con la que cuentan, algo que ya pasó con algunos grupos políticos que durante el conflicto armado pretendían tener una representación enorme y que, una vez registrados, apenas cuentan con una pareja de diputados.

Como muestra se debería analizar el número de ONG,s que existen en el país y cuantas han logrado sus objetivos y propósitos, aunque sea mínimamente y, de paso, cuantas otras han cambiado su concepción original y se han ido adaptando a las necesidades emergentes, como si de una cuestión de sobrevivencia (que de hecho lo es) se tratase. Nos sorprenderíamos que lejos de contar con menos organizaciones, cada día crezcan más y se convierten en elemento de vida para muchos. También es necesario estudiar el marco legal que las promueve y potencia como una parte importante y sustanciosa de los negocios, no totalmente claros, y hasta de compras y concesiones de gobierno que se hacen a través de estas entidades, sencillamente por el limbo jurídico en el que, a propósito, se encuentran. Es lamentable y penoso observar la energía, los medios y los esfuerzos que se han gastado para aprobar la comisión.

Con solo tener en cuenta el dinero de las publicaciones en prensa y anuncios en TV se podrían haber contratado, por años, especialistas nacionales que hubiesen apoyado al MP o al sistema de justicia. Mención especial hay que hacer del hecho sin precedentes en relación con la reunión de los líderes políticos con sus diputados para literalmente, "llevarlos a votar de la mano" algo que no había ocurrido en la legislatura que acaba. De haberlo hecho en otros temas de mayor interés nacional, es posible que ya se hubiese acabado con la corruptela que pretenden ahora investigar. Finalmente, hemos visto actitudes personalistas de políticos que procuran asegurar y amarrar su futuro con este tipo de comisiones de forma que, ya lo veremos en el futuro próximo, les sirva para proyectarse a otros escenarios de similar hipocresía e ineficacia. Lo que no logran comprender es que de nada servirán consejos de comisiones internacionales o de "expertos", sobre todo cuando la última decisión la siguen teniendo los investigadores de la PNC, del MP o los jueces correspondientes. ¿Quién y cómo se incide sobre ellos, su idiosincrasia y forma de ser, además del entorno en el que diariamente viven?. La solución que se busca no está, precisamente, en esa dirección.

En conclusión, no se trata, como ya se indicó, de negar la necesidad de buscar la seguridad o dicho en activo, de buscar un mejor espacio de seguridad y bienestar: nada de eso. Se trata de emplear la racionalidad en la toma de decisiones y elegir lo mejor, lo que más positivamente incida en hacer un estado fuerte (que no grande), que proporcione justicia y el necesario grado de seguridad y ello no pasa ni por delegar la función pública, ni por renunciar al ejercicio del poder político ni mucho menos de dejar en manos de "expertos" la labor principal, primordial e indiscutida de los gobiernos. Es posible que la propia CICIG deba comenzar por investigar los grupos ocultos y paralelos que manejaron las manifestaciones escolares y magisteriales de los pasados meses y que violentaron los derechos de padres e hijos o, si desean, de esos otros que, bajo el denominador común de "grupos representativos de la sociedad civil" terminan escondiéndose en insignificanticos porcentajes sobre el total de los habitantes del país y, fuera del foro legal que les otorga la participación política, terminan por promover, incentivar y aplaudir iniciativas como estas u otras similares. En fin, lamentablemente ahora solo es tiempo de espera, pero debemos seguir analizando la evolución de los acontecimientos. Tendremos que dejar pasar en blanco otra década necesaria para haber promovido el país. Los generadores de este tipo de comisiones terminarán, con el rencor adherido en lo más profundo de su naturaleza humana, con la ilusión y esperanza de jóvenes que nada les importa su discutida y hasta inmoral manera de vivir. Seguirán pregonando violencia, venganza y desesperación, sin ser capaces de superar el momento histórico que otros países vivieron, al igual que el nuestro, y que tuvieron el valor de dejar enterrado en el pasado. Dentro de diez años, volverán a crear otro espacio de vida que les permita jubilarse con decencia y percibir un retiro de organismos internacionales que terminan siendo financiados por aquellos pobres que pretenden salvar de la pobreza porque ellos, los funcionarios internacionales, no pagan sus impuestos en al país, sino que se aseguran la exención de los mismos y, por si fuera poco, cuanto más riesgoso sea percibido su trabajo, más alto es su plus salarial de peligrosidad y, por consiguiente, su mensualidad.

Resolver los problemas es mucho más fácil. Hay que tener la voluntad de hacerlo, la valentía de enfrentarlos, la entereza moral de acometerlos, el comportamiento ético que lo permita, la continuidad en el ejercicio del deber, los valores necesarios y, sobre todo, la convicción y responsabilidad de que es necesario actuar así. Todo eso es nacional, es individual, es personal, ni por asomo, internacional.

Es por ello que debemos, serenamente, pensar si la aprobación bajo presión y hasta con vocabulario engañoso de la CICIG constituye siquiera una alternativa o ayuda a los problemas de la seguridad y la violencia o, por el contrario, representará un obstáculo mayor que no será fácil remover porque no obedece a intereses reales ni racionales, sino a motivaciones partidistas, personas y de intereses ocultos. El devenir próximo puede construirse con "material nacional" y no se trata de apostar por un nacionalismo trasnochado o caduco, nada de eso, sino de emplear la razón y la lógica para solucionar problemas que todo deseamos que desaparezcan a pesar de que sigue habiendo un sector que da la impresión de no adecuar el discurso del momento con la realidad de sus propias vidas de funcionarios adscritos a un sistema que los mantiene y perpetúa.