Año XLVIII Junio de 2007 No. 953

Nota del Editor: Eduardo Mayora Alvarado se graduó de abogado y notario en Universidad Rafael Landivar, de doctor en derecho en la Universidad Francisco Marroquín, de doctor en derecho pluralista público y privado en la Universidad Autonoma de Barcelona. Ha sido catedrático de la facultad de derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Es además fiduciario y actual presidente del comite de la Universidad Francisco Marroquín, miembro de Mont Pélérin Society de Philadelphia Society. Es autor de varios libros.

Eduardo Mayora Alvarado
La CICIG, Perspectivas

1. Una sociedad en conflicto. Al partirse de una visión de acuerdo con la cual a lo largo de la historia de Guatemala, una vez tras otra, ciertos grupos sociales han procurado y conseguido establecer instituciones públicas y reglas —constitucionales, legales o de cualquier otra índole— con el propósito deliberado de expoliar a otros grupos sociales, derivando para sí ventajas, privilegios o rentas que se han traducido en pobreza, ignorancia y otras privaciones para "las mayorías", es casi inevitable que surjan situaciones de conflicto social, político e ideológico. De hecho, una visión como ésta constituye una ideología de conflicto. Como ya hemos dicho en otra ocasión, esa lectura maniqueísta de nuestra historia deja fuera infinidad de matices tan importantes, que mudan la especie. La mudan en el sentido de que, al hacerse un balance objetivo, a la vez que se aprecian con facilidad las presiones y los movimientos de los intereses creados, también se observa el rol jugado por diversas élites que, con más o menos acierto y fortuna, intentaron promover el desarrollo del país. Quizás nunca se acertó, como común denominador, a fortalecer lo suficiente las instituciones que tendrían que haber resistido las presiones de los grupos de interés.

En todo caso, una visión o ideología que se fundamenta en la ambición de poder y riquezas, por parte de ciertos grupos, y en las instituciones y leyes del Estado como instrumentos empleados por ellos para conseguirlas, a costa de "las mayorías", necesita enlazar causalmente dichas instituciones y leyes con esas situaciones de pobreza, ignorancia y de otras privaciones, que, por otra parte se constatan con facilidad por la generalidad de las personas. Por otro lado, al mismo tiempo que brota naturalmente del carácter reflexivo del espíritu humano la necesidad de explicarse por qué vivimos en una sociedad desigual, en la que muchos tienen poco y pocos tienen mucho, son muy pocas las personas que dedican el tiempo y recursos necesarios para formarse sobre las diversas teorías sociales, económicas o políticas, que puedan permitirles hacer un examen crítico sobre las verdaderas causas de las condiciones prevalecientes. Si a esta desafortunada coincidencia se añade la circunstancia de que suelen preferirse las explicaciones simples e intuitivas, es fácil advertir hasta qué punto puede resultar convincente una ideología de conflicto como la que arriba se menciona.

En Guatemala buena parte de la conflictividad existente —y de la que se ha vivido por más de siete décadas— surge de la relativa facilidad con que se ha aceptado por muchas personas formalmente "educadas" (no tanto por "las mayorías" ignorantes) esa visión o ideología de la expoliación social. Muchos, como es bien sabido, la adoptaron dentro del marco del marxismo, que ha aportado su tesis del determinismo histórico según la cual tendría que llegarse a la revolución obrero-campesina y a la instauración del socialismo marxista en el país. Otros siguieron más bien la ruta de las tesis contemporáneas sobre los derechos humanos (o cambiaron de rumbo, para seguir esta ruta). Quizás una de las actitudes que mejor sintetiza ese movimiento sea la exigencia —ya tan cacareada— de que se instaure la "justicia social".

Por supuesto que no todos los que creen en la necesidad de que en el país se instaure la justicia social, asocian a esa noción la idea de que la situación actual ha sido deliberadamente buscada y querida por ciertos grupos sociales, de ordinario llamados "oligárquicos". No todos quieren que las condiciones sociales mejoren para las mayorías desde una perspectiva reivindicativa, y por lo tanto su ideología no es de conflicto sino de concienciación. De ese modo, tanto durante el conflicto armado interno, como después de la firma de los Acuerdos de Paz, ha habido grupos de personas más o menos organizados que han propugnado por el respeto a los derechos humanos, tanto desde una perspectiva reivindicativa como también desde una de concienciación. La primera ha estado asociada, en diverso grado y a través de manifestaciones diferentes, a esa ideología de conflicto que, a su vez, se nutre de la visión de expoliación social sistemática y continuada a lo largo de la historia de Guatemala. Ahora bien, esa promoción del respeto a los derechos humanos se ha producido de manera mucho más señalada o enfática en lo concerniente a los llamados derechos sociales, culturales y económicos, y más recientemente también a los de tercera generación (acceso a los recursos naturales; a un medio ambiente sano; la autodeterminación de los pueblos, etcétera), que en cuanto a los derechos humanos individuales. En un comunicado de prensa aparecido en El Periódico el 2 de septiembre de 2007, la Coordinación de Ong y Cooperativas -CONGCOOP- invitaba a la ciudadanía a apoyar la plataforma electoral que dé "garantía absoluta de respeto y observancia de los Derechos Humanos. (sic) Incluyendo los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Población."

Y a pesar de que muchos se han esforzado por perfilar una teoría a la vez comprensiva y coherente en cuanto a cómo se interrelacionan las tres generaciones de derechos humanos, es innegable que existe una tensión tanto a nivel conceptual como también de su aplicación práctica. Una de esas teorías acude a la noción de "deberes programáticos", en el sentido de que los derechos a una vivienda digna, al trabajo, la educación, la salud o a un ambiente sano, por ejemplo, conllevan por parte del Estado el deber de establecer "programas" gubernamentales dirigidos a la prestación de servicios o al otorgamiento de subvenciones relacionadas con todo ello. Pero es obvio que la financiación de esos programas requiere de recursos que, necesariamente, presionan los presupuestos públicos tanto por el lado impositivo como también por el de la deuda pública. Todo esto tiene su espejo a nivel internacional, pues los países ricos (individualmente o a través de diversas organizaciones) han asumido un rol de interlocutores legítimos que, dependiendo de las coyunturas de la política local, se alían con el Gobierno o con sectores de la sociedad civil más o menos organizados, para promover la financiación de dichos programas y su expansión, en parte, con recursos de la bien conocida "cooperación internacional".

2. El carácter de los Acuerdos de Paz. La reciente celebración de la firma de los Acuerdos de Paz permitió ventilar una serie de aspectos relacionados con su negociación y su posterior ejecución, en un ambiente relativamente abierto, si bien todavía bastante polarizado. Un vistazo a las páginas de los principales periódicos del país basta para percatarse de hasta qué punto sigue habiendo posiciones que pretenden dogmatizar los Acuerdos, y otras que pretenden descalificarlos totalmente.

Uno de los aspectos que fue recordado por algunos de los que aportaron sus reflexiones en torno al citado aniversario, se relaciona con el carácter sustantivo de los Acuerdos de Paz. Esto se refiere a que la insurgencia no aceptó la firma de la paz, como no fuera con base en una serie de compromisos recogidos, ahora, en los Acuerdos de Paz. Como era de esperarse, muchos de esos compromisos se relacionan con la superación de las condiciones que, desde la perspectiva de algunos, habrían justificado la insurrección. Algunos de esos compromisos son metas u objetivos, más o menos generales, y otros son relativos a los medios que se consideraron necesarios para lograrlos.

Pero era necesario reconocer que el Estado tiene una Constitución y un derecho público que rige su vida institucional y política y que, a menos que sus reglas reflejaran dichos compromisos, sería muy difícil que se hicieran realidad. Esto condujo, como es bien sabido, a proponer una reforma constitucional que, finalmente, fue rechazada por la ciudadanía en la correspondiente consulta popular. Sigue debatiéndose por los impulsores de los Acuerdos de Paz que ese rechazo lo fuera de los aludidos Acuerdos, pero el hecho incontrovertible es que la reforma no pasó. Posteriormente se acudió a su declaración como "acuerdos de Estado", procurando de esa manera atribuirles un carácter más vinculante que el que por lo general se reconoce a los pactos meramente políticos. Uno de los compromisos asumidos se relaciona con la obligación del Estado de erradicar los "cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad" (los "CIACS") y además, de dar protección a los grupos dedicados a la promoción del respeto a los derechos humanos.

Perder de vista, como contexto de estos compromisos, la problemática relacionada con lo que arriba hemos llamado "ideología de conflicto" y la promoción con carácter reivindicativo del respeto a los derechos humanos, con un énfasis marcado en los de segunda y tercera generación, sería prescindir de los antecedentes que explicarían la necesidad de descender, en un documento solemne y con pretensiones de abocarse a los problemas sustantivos de la sociedad y de las instituciones públicas de Guatemala, al tratamiento de dos de las múltiples manifestaciones de la descomposición institucional y social que supuso el conflicto armado interno.

No es que se trate de cuestiones carentes de importancia pues, obviamente, cualquier Estado que por acción u omisión mantiene o admite que sistemáticamente operen cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad, deja de ser un Estado de derecho para convertirse en uno represivo, autoritario o por lo menos ineficaz. Pero precisamente la obviedad de la cuestión impone la necesidad de plantearse el porqué de su inclusión. Y en relación con este aspecto es que salta al tapete la problemática sobre los medios que, en diversas etapas del conflicto armado, se utilizaron para llevar a cabo la lucha contrainsurgente, muchas veces haciendo frente a organizaciones que en el fondo encubrían, complementaban o apoyaban las acciones de los diversos grupos alzados en armas contra el régimen estatal. Fue, como se ha dicho en otros contextos parecidos: "una guerra sucia". Es con ese marco de fondo y con la clara intelección de que muchas personas y organizaciones seguirían actuando en pos de las causas que creían justas, que se acordó la inclusión en los Acuerdos de los compromisos siguientes: "IV- COMPROMISO DE QUE NO EXISTAN CUERPOS DE SEGURIDAD ILEGALES Y A PA R ATO S C L A N D E S T I N O S ; REGULACIÓN DE LA PORTACIÓN DE ARMAS

1. Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.

2. El Gobierno de la República de Guatemala reitera el compromiso de continuar la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Asimismo, expresa la necesidad de continuar adoptando e implementando medidas eficaces para regular en forma precisa la tenencia, portación y uso de armas de fuego por particulares de conformidad con la ley." "VII. GARANTÍAS Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Las Partes coinciden en que todos los actos que puedan afectar las garantías de aquellos individuos o entidades que trabajan en la promoción y tutela de los derechos humanos, son condenables.

2. En tal sentido, el Gobierno de la República de Guatemala tomará medidas especiales de protección, en beneficio de aquellas personas o entidades que trabajan en el campo de los derechos humanos. Asimismo, investigará oportuna y exhaustivamente las denuncias que se le presenten, relativas a actos o amenazas que los pudieren afectar.

3. El Gobierno de la República de Guatemala, reitera el compromiso de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos."

3. El legado de la primera década de los Acuerdos. En el marco de esa "guerra sucia" el río se había salido de madre por sus dos riveras pero la firma de los Acuerdos de Paz suponía que las aguas volverían a su cauce, también, por las dos orillas. Es sumamente difícil evaluar hasta qué punto así haya ocurrido durante la última década. Por una parte, se ha afirmado que detrás de ciertos acontecimientos relacionados, por ejemplo, con invasiones de fincas, el boicot o la oposición a explotaciones mineras, o el rechazo al desarrollo de proyectos hidroeléctricos hay grupos de activistas identificados con lo que arriba hemos llamado la "ideología de conflicto" que, enarbolando la bandera del respeto a los derechos humanos, han promovido este tipo de acciones con todo y la ocupación de carreteras, de edificios públicos u otras infraestructuras. En más de una ocasión se ha fotografiado a personas armadas y como es bien sabido, también ha habido víctimas mortales como cauda de estos acontecimientos. Por otra parte, se ha denunciado el allanamiento de las oficinas de asociaciones u organizaciones (del tipo conocido como ONG) y de la intimidación o incluso el homicidio de algunos de sus miembros. Igualmente se ha cubierto con la amplitud que el caso permite, por parte de la prensa escrita sobre todo, la circunstancia por demás problemática de ciertas bandas del crimen organizado que han infiltrado elementos en las filas u oficinas de la Policía Nacional Civil, de la Intendencia de Aduanas o de otras dependencias del Gobierno. A lo largo de esta última década también se ha asociado a militares de baja, y en más de algún caso también de alta, con actividades más o menos directamente relacionadas con la operación de mafias de diversa índole.

Al firmarse los Acuerdos de Paz se produjo la reducción de los efectivos y de las funciones asumidas por el Ejército de Guatemala en el área de seguridad ciudadana, y se dispuso su regreso a los cuarteles, se generó entonces un vacío de autoridad importante. Algunos analistas habían vaticinado ciertos fenómenos de anarquía como consecuencia de todo ello, pero realmente ninguno atisbó con suficiente claridad que ese vacío se llenaría por una serie de fenómenos de ilegalidad, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas (los coyotes de los emigrantes), el contrabando y otros que, si bien ya existían, no habían llegado a los niveles de actividad que actualmente se observan. Es verdad que el primer relanzamiento de la Policía Nacional Civil pareció bastante exitoso y que recién comenzado el período presidencial de Alvaro Arzú se capturó a un importante capo de la mafia. Pero es discutible que ese proceso haya sido capaz de impedir a tiempo que se fuera urdiendo la compleja red criminal que actualmente opera a sus anchas, como también es un hecho que durante el período presidencial de Alfonso Portillo mucho de lo que se había logrado estructurar fue desarticulado, a veces deliberadamente, a veces por falta de capacidad de los responsables de darle continuidad o de mejorarlo.

Por otro lado, el impulso de reformas de fondo en las áreas de seguridad y justicia se ha evidenciado difícil. La comisión específica surgida de los Acuerdos de Paz para la reforma del respectivo sector casi ha brillado por su ausencia y, como se ha reportado recientemente tanto por los estudios del Banco Mundial en la serie de publicaciones Doing Business In y en The Economist, además de múltiples publicaciones locales, las instituciones que conforman este ámbito tan fundamental para la gobernabilidad de cualquier Estado, atraviesan por una crisis crónica y profunda. Si a todo eso se suma el caos en que las pandillas juveniles comúnmente llamadas "maras" han sumido una serie de barrios y poblaciones de bajos ingresos, sobre todo, el cuadro se complica todavía más. De hecho, hay investigaciones que apuntan a que el crimen organizado ha establecido alianzas estratégicas con estos grupos, para operar con todavía mayor impunidad. Al mismo tiempo, en varias poblaciones del interior de la República, en donde la presencia del Estado es todavía más rala, se ha acudido con inusitada frecuencia al linchamiento, a la intimidación, a la coacción, e incluso a la expulsión física de las autoridades establecidas con base en circunstancias siempre dudosas, siempre nebulosas e imposibles de justificar. En síntesis, el legado de la primera década desde la firma de los Acuerdos de Paz, en materia de seguridad y justicia en general, es negativo. Las condiciones de la ciudadanía, en general, han empeorado y los niveles de delincuencia y de violencia experimentados han rebasado los temores y predicciones hasta de los más escépticos.

4. Pero, ¿cuáles obligaciones ha incumplido el Estado? Si el panorama descrito arriba pudiera considerarse una síntesis más o menos objetiva de lo ocurrido durante la última década, o desde la firma de los Acuerdos de Paz, para ser más precisos, es necesario preguntarse si los funcionarios que han dirigido desde el Gobierno los destinos del Estado han fracasado en dar cumplimiento a dichos Acuerdos, o si más bien se trata de un fracaso más profundo y extenso. No es una cuestión meramente retórica, sino de implicaciones muy importantes de cara al futuro de la Nación. En efecto, tanto desde las filas de algunos de los partidos políticos como también desde algunas de las páginas de opinión de la prensa, o a través de otras manifestaciones públicas, suele identificarse la situación actual con la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Hay quienes hablan, incluso, de una falta de voluntad política para cumplirlos a cabalidad y de ahí se sigue —de acuerdo con ellos—, que las circunstancias que se buscaba erradicar por su medio, continúen igual o peor.

¿Qué implicaciones pudiera tener el incumplimiento, negligente o deliberado, de los Acuerdos de Paz? Las respuestas que pueden darse a esta cuestión dependen del aspecto (si jurídico o político) y de la perspectiva (si favorable o desfavorable a su suscripción) desde las que se haga el análisis. Jurídicamente no existen, realmente, disposiciones concretas que determinen responsabilidades específicas para el caso de incumplimiento de los Acuerdos. Su caracterización legal como "acuerdos de Estado", por otra parte, retiene esa naturaleza ambigua que los ha marcado desde un inicio. Además, como suele ocurrir en ese ambiente institucional frágil en el que discurre la vida de la sociedad política guatemalteca, en una serie de aspectos formales (la promoción de la fallida reforma constitucional, la creación de diversas comisiones previstas en los Acuerdos, la publicación de documentos y otros actos análogos), es innegable que se les ha dado cumplimiento. E incluso en otros aspectos no meramente formales, como la ya citada reducción de los efectivos de las fuerzas armadas y la reorganización de los órganos de inteligencia del Estado, por ejemplo.

El aspecto político es todavía más difícil de perfilar al tratar de dar respuesta a la pregunta planteada arriba. El principal problema quizás radique en que, realmente, los Acuerdos de Paz no cuentan con un respaldo explícito de la ciudadanía, ni en cuanto a su origen ni por la vía de una ratificación popular. Esto no significa que no haya sectores importantes de la ciudadanía que de ser consultados se expresarían a favor de los mismos. Simplemente hacemos referencia al hecho de que dichos Acuerdos no partieron de un mandato popular, ni han sido ratificados de alguna manera por el pueblo. Su concepción y ejecución fueron responsabilidad y tuvieron como autores a determinadas elites políticas y sociales, no al pueblo. Desde esa perspectiva, su incumplimiento, aunque parcial, podría dar lugar a señalamientos y reproches entre los propios grupos que los negociaron y concretaron, o sus sucesores, pero no podría presentarse como la violación de un mandato popular, siquiera implícito. Una vez más, el rechazo que se dio a las reformas constitucionales, por mucho que sea verdad que en ello hayan incidido otros factores ajenos a los Acuerdos como tales, tiene un peso muy importante también en este contexto: el pueblo nunca ha dicho "sí". En definitiva, al mismo tiempo que sería irrazonable afirmar que los Acuerdos de Paz han sido totalmente incumplidos, el ordenamiento jurídico de la Nación no prevé consecuencias jurídicas o políticas concretas para ese supuesto. Y sin embargo, no puede soslayarse la circunstancia de que en comunicados de prensa y otras manifestaciones públicas, algunos sectores, más o menos veladamente, justifican la prosecución de las llamadas vías de hecho debido a que estiman incumplidos los Acuerdos, al menos en ciertos aspectos que les parecen fundamentales. Puede afirmarse, más o menos dentro del marco descrito arriba, es decir, de unos Acuerdos negociados, concretados y que más bien vinculan a unas elites políticas y sociales circunstancialmente en el poder, frente a otras circunstancialmente en la oposición, que de poder aseverarse que el Estado ha fracasado en la implementación de los Acuerdos de Paz, el clamor correspondiente no proviene de la sociedad en general, del pueblo, sino de algunas de dichas élites y de sus adláteres. De la generalidad de la población los clamores son otros.

Los dos principales clamores son por la mejora de sus condiciones económicas y, de manera muy señalada durante los últimos años, por seguridad y justicia. Realmente se trata de dos caras de una misma moneda pues, habiéndose descartado ya por insostenible la vía del gasto público deficitario, inflacionario y económicamente desestabilizador como factor fundamental de reactivación económica, no queda más que reconocer que solamente un incremento sostenido de los niveles de inversión generadora de empleo, de mayor producción, y por ende de mayor consumo y ahorro, puede lograrse esa mejoría en las condiciones de vida de la generalidad de la población. Pero dicha inversión no se realiza a los niveles necesarios y sostenidamente cuando, como es el caso, las instituciones que tienen a su cargo la obligación de hacer valer los derechos de las personas, en cualquier ámbito de su vida, en términos generales fallan. Dicho de otra forma, sin seguridad, tanto personal como jurídica, y sin justicia la inversión permanece a niveles insuficientes como para generar un crecimiento económico robusto, además de que las diversas formas de enriquecimiento ilícito observables, que van desde la corrupción hasta el narcotráfico, pasando por la extorsión, los secuestros, el robo de vehículos en gran escala y la acción de las pandillas juveniles o maras, ganan terreno sin cesar. El crecimiento de la delincuencia, común y organizada, presiona todavía más un sistema de policía y justicia ya al borde del colapso, formándose así un círculo vicioso.

Sin embargo, a la par de un crecimiento exponencial de todos esos fenómenos de ilegalidad criminal, el crecimiento de la inversión pública en el sector de policía, investigación, persecución penal y de justicia propiamente dicha, ha sido cuando mucho aritmético. El Estado no ha sido capaz siquiera de reorganizar su sistema de servicio civil, a modo de poder integrar a sus cuadros personal técnico y profesional competente. En lugar de eso, durante las últimas cuatro administraciones públicas, por lo menos, se ha ido extendiendo y generalizando el recurso a la contratación externa, es decir, toda una administración paralela cómplice de una gigantesca simulación, a su vez impuesta por un sector laboral estatal dirigido por un liderazgo sindical que al paso de los años ha convertido su función en un modus vivendi, emplazando por sistema a prácticamente la totalidad de la administración pública ante unos tribunales de trabajo notoriamente incapaces de resolver conflictos prefabricados.

Por lo tanto, el Estado, o más concretamente, las élites que lo han dirigido durante más o menos el último cuarto de siglo, han incumplido obligaciones fundamentalísimas, mucho más que los Acuerdos de Paz, que constituyen el presupuesto básico para revertir el acelerado debilitamiento institucional del Estado y para generar un crecimiento económico sostenible, que a su vez pudiera convertirse en la fuente de recursos fiscales, que tanto reclaman quienes apuestan por una mayor inversión social para acortar la brecha entre los que viven en situación de pobreza y el resto de la población.

El fracaso de las élites se cifra, de manera más señalada, en la falta de comprensión del papel que, en todos los ámbitos de la vida institucional del Estado, juega los sistemas de seguridad y orden bajo la Ley y de justicia, como garantes de dos conjuntos de reglas indispensables: uno, que establece el ámbito del ejercicio legal y legítimo del poder y sus límites; otro, que establece los medios para la adquisición y transmisión de los derechos de las personas, sus organizaciones y empresas, así como para su tutela y reivindicación ante los posibles abusos o incumplimientos de terceros, incluido el propio Estado y sus entidades. Es así que la impunidad tiene en Guatemala múltiples facetas: quedan impunes los que violan los derechos de propiedad de las personas, sus organizaciones y empresas; quedan impunes los que incumplen sus contratos; quedan impunes los que estafan, roban, linchan, asesinan y comenten todo tipo de delitos contra víctimas inocentes; quedan impunes los que incurren en actos de corrupción; quedan impunes los que dilapidan recursos públicos; quedan impunes los que abusan del poder; y quedan impunes, también, los que fabrican y promueven conflictos sociales y los que, para repelerlos, toman la justicia por propia mano.

Y, ante ese cuadro de impunidad generalizada, ¿cuál ha sido la respuesta de la Administración Berger? La Policía Nacional Civil sigue siendo objeto de escándalo público; casi no hay semana en que no se informe de la sindicación o detención de algún elemento de alta en sus filas que, con otros delincuentes, a veces antiguos agentes de policía, están involucrados en todo tipo de actividades delictivas. El caso que viene a ser el punto culminante y emblemático de esta situación es del brutal asesinato de tres parlamentarios centroamericanos y de su chofer hace algunos meses. Al mismo tiempo, el Fiscal General sigue quejándose de que mientras en El Salvador hay alrededor de tres mil investigadores, él no cuento con más de quinientos. El presupuesto del Poder Judicial y, por consiguiente, de la Corte de Constitucionalidad, prácticamente permanece estancado.

Por supuesto que sería injusto pintar un escenario de negligencia total. Se ha procurado conformar o reformar ciertas divisiones específicas de la Policía Nacional Civil, al igual que se ha intentado poner cierto orden en las principales prisiones del país y también se ha adquirido más y mejor equipo para las fuerzas de seguridad. Pero se trata de un conjunto de esfuerzos que no llegan a ser ni paliativos de una crisis mucho más estructural, que requiere de un liderazgo capaz de concebir una reforma igualmente radical, convocando el apoyo de la ciudadanía y el acompañamiento de los sectores más significativos de la sociedad y del ámbito político.

Pero las decisiones de los principales actores de la política nacional, tanto desde el Poder Ejecutivo, como también desde el Congreso, evidencian que sus preocupaciones son de corto plazo y enfocan en detalles o aspectos sumamente parciales y con frecuencia demagógicos. Como ejemplos pueden mencionarse la iniciativa de la Ley de Armas y Municiones; la de Policías Privadas y la recientemente aprobada ley relativa al robo de teléfonos móviles. Las dos primeras redundarían en mayores costes para la adquisición legal de armas de fuego y para la organización de empresas privadas de seguridad, cuando, a la vez y paradójicamente, lo que se requiere es reducir esos costes para que, en defecto del Estado, los ciudadanos puedan proveerse por sus propios medios ciertos niveles de seguridad básica. La última ha generado costes adicionales tanto para los operadores de telefonía móvil, como también para los usuarios del servicio, mientras que los puestos de ventas ambulantes de teléfonos móviles robados están a la vista de todos. Pero el problema es más de fondo. El problema radica en que el liderazgo político, empresarial y social del país, las élites que lo integran, no han llegado a la convicción de que la clave del éxito de los países ricos está en su capacidad de hacer cumplir, por lo general, consistente y coherentemente, su Constitución y sus leyes. Es casi una tragedia que sean tantos los asesores internacionales que tampoco tienen esa convicción. De ese modo, se evade o se elude más de la mitad de los tributos que tendrían que recaudarse pero, paradójicamente, es dramática la debilidad de los medios institucionales de policía, de investigación y de tribunales aptos para perseguir y sancionar esos casos de elusión y evasión fiscal. Si bien es cierto que con la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, hace alrededor de una década, se consiguió desarticular la antigua administración tributaria, que se había convertido en el centro de corrupción e ineficiencia más notable de todo el Gobierno, también lo es que la reforma se circunscribió a lo meramente administrativo, dejando fuera los otros aspectos señalados arriba. No es de extrañarse, por consiguiente, que la elusión y la evasión fiscales sigan siendo escandalosas. Eso no es todo. Los modestos presupuestos públicos que se logra financiar mediante una combinación de recaudación fiscal raquítica y de deuda pública interna y externa, parecen una coladora de mil agujeros. Ningún programa ni proyecto estatal consigue los recursos necesarios para que se note alguna diferencia sustancial en el área que fuere. Los índices de desarrollo humano suelen ubicar a Guatemala en los puestos más bajos incluso cuando se trata de gasto público per capita en educación o en salud, para no citar sino los rubros más fundamentales. Sin embargo, la Confederación Deportiva Autónoma goza de una asignación presupuestaria del 1,5% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado y la educación física, la recreación (¿?) y deportes escolares, además del deporte no federado (¿?), gozan de otro tanto. A ese 3% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado deba añadirse el 5% asignado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fuera de esas (y otras) asignaciones constitucionales, el Estado de Guatemala cuenta con un Ministerio de Cultura y Deportes; con una entidad estatal para la ciencia y la tecnología; con una Dirección General de Energía Nuclear; con un instituto de turismo; con otro de capacitación; con el de administración pública; con fondos para la paz, la vivienda y para la adquisición y distribución de terrenos agrícolas. Todo ello sin contar los puertos, los aeropuertos, los otros diez ministerios de Estado y varias secretarías, los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (a tres niveles: nacional, departamental y municipal)… Y sin embargo, ni siquiera para recaudar más impuestos se invierte en policía, investigadores, fiscales y jueces. Tal pareciera que se espera por las élites gobernantes y que dirigen los sectores empresarial y social, que las leyes se aplicarán por sí solas.

Esa falta de convicción sobre la existencia de instituciones sólidas y profesionales para hacer cumplir la Constitución y las leyes del Estado es tan extraordinariamente notable que los autonombrados promotores de los derechos humanos se focalizan más en temas tales como el acceso a la tierra y otros medios de producción para los campesinos, que en la existencia de tribunales profesionales e independientes que los hagan valer. En la ya citada publicación de la CONGCOOP del pasado 2 de septiembre de 2007, se invitaba a la ciudadanía a apoyar la plataforma electoral que garantice:

"1. Ejecución irrestricta de los Acuerdos de Paz, en espíritu y letra. Especialmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria;

2. Garantía (sic) absoluta de respeto y observancia de los Derechos Humanos. Incluyendo los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Población;

3. Impulso al Desarrollo Rural, como eje del Desarrollo Nacional, en donde el Acceso a la Tierra (sic) y otros medios de producción, sean garantizados al Campesino (sic);

4. Transparencia en la gestión, rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos y acceso a información sobre gestión pública;

5. Impulso a una Reforma Fiscal (sic), que revierta la actual situación tributaria basada en impuestos indirectos. Por (sic) una política fiscal que obligue a que sea el que más tiene, más pague (sic). Fin del régimen de exenciones y exoneraciones a las empresas: mineras, maquiladoras y otras grandes industrias;

6. Exclusión de la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la vuelta al militarismo." En ninguna parte se clama por la instauración de un sistema de justicia imparcial y eficaz.